La Diputada Marisela Terrazas alza la voz y exhorta al ejecutivo federal a destituir a funcionarios negligentes que no han respondido a las demandas de la crisis migratoria, destacando el caso del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.
Ciudad Juárez, Chih .- A más de 240 días del trágico suceso en la estación migratoria, la justicia elude a las familias de los 40 migrantes fallecidos. ¿Cuánto tiempo más deben esperar para ver acciones concretas por parte del Estado Mexicano? El llamado es claro: ¿dónde está la responsabilidad y justicia para quienes deben responder?
La tragedia en Ciudad Juárez expuso la falta de respuesta efectiva a las necesidades migratorias. Las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de Migración y la federación parecen destinadas a sofocar las demandas, sin un genuino compromiso con la justicia. ¿Cuántos más serán utilizados como “chivos expiatorios” mientras los responsables reales evaden consecuencias?
La criminalización de migrantes y agentes involucrados evidencia una estrategia para desviar la atención de las responsabilidades. Mientras algunos enfrentan prisión preventiva, Francisco Garduño, responsable directo de garantizar derechos humanos, permanece en libertad. ¿Dónde está la coherencia en este proceso?
Garduño no solo incumple con su deber, sino que utiliza su posición para eludir la responsabilidad y presionar a las familias de las víctimas. La falta de transparencia y las irregularidades al interior del Instituto Nacional de Migración son alarmantes. La militarización ha creado un entorno hostil y violento para los migrantes, revelando un claro problema de corrupción y desigualdades en el sistema penal.
El caso de Juan Carlos Meza Cumplido, con una fianza desproporcionada, subraya los obstáculos para acceder a la justicia. A casi 7 meses de detención injusta, surge la pregunta: ¿Dónde está la equidad en el sistema penal? ¿Por qué Garduño permanece impune?
La Diputada Terrazas demanda respuestas y acciones inmediatas. No se puede permitir que funcionarios negligentes ocupen altos cargos, poniendo en riesgo la integridad de personas en situación de movilidad y socavando la confianza en las instituciones. La exigencia de justicia y responsabilidad es un clamor que no puede ser ignorado
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