La diputada Brenda Ríos denuncia una manipulación en el Congreso de Chihuahua, acusando a los partidos del PRIAN de socavar la democracia.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La reciente intervención de la diputada Brenda Ríos en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado ha resaltado tensiones profundas en el actual panorama político de Chihuahua.
En su declaración, Ríos acusó a los partidos tradicionales —incluidos PRI, PAN, PT y PVEM— de actos que, en su criterio, constituyen una violación a la Constitución. Este tipo de acusaciones no solo reflejan un conflicto inmediato, sino que también evocan un contexto histórico en el que estas agrupaciones han sido señaladas por prácticas que socavan la confianza ciudadana en el sistema político.
La preocupación de Ríos gira en torno a la supuesta división del dictamen que regula la designación de jueces y magistrados. Según la diputada, esta maniobra es un intento de imponer a candidatos favorables a ciertos intereses y distorsionar el marco legal, un fenómeno no inédito en la historia del estado.
La manipulación política en el ámbito judicial ha sido una constante en Chihuahua, donde el control partidario ha prevalecido sobre la independencia del Poder Judicial, afectando la legitimidad de los procesos de selección.
El apelativo de “fraude a la democracia” que utilizó Ríos acerca el foco a un tema sensible para los ciudadanos de Chihuahua, quienes han vivido de cerca el descontento con las prácticas políticas que perciben como corruptas o manipuladoras. Este desasosiego es palpable en la sociedad chihuahuense, donde las promesas de cambio y renovación se han visto empañadas por la continuidad de viejas estrategias.
La diputada enfatizó que, al ignorar los procedimientos establecidos, los partidos no solo deslegitiman a sus oponentes, sino que también despojan a la ciudadanía de la posibilidad de incidir en decisiones clave para su bienestar.
Ríos no escatimó en palabras para caracterizar a los partidos del llamado PRIAN, señalándolos como entidades carentes de principios. Su afirmación resuena con el creciente descontento popular, un sentimiento que se ha manifestado en diversas encuestas y movimientos sociales en la región.
La diputada proyecta el miedo de que, al persistir en estas prácticas, los partidos en el poder están cavando su propia tumba política, ya que, en sus palabras, “el pueblo de México ya no los quiere”. Este clima de frustración se amplifica ante la inminente elección de 2027, donde la ciudadanía verá esta situación como una oportunidad para ejercer su derecho al voto contra quienes perciban como responsables de la manipulación institucional.
El estado de Chihuahua ha sido un reflejo del contexto nacional en cuanto a la percepción de los partidos políticos, donde los ciudadanos anhelan más transparencia y rendición de cuentas. Con el ascenso de movimientos alternativos como Morena, la crítica a los partidos tradicionales ha ganado un impulso adicional. Ríos subrayó la intención de su partido de no permitir la manipulación de la justicia, una afirmación que busca posicionar a Morena como el baluarte de una nueva ética política.
En este sentido, el discurso de la diputada puede entenderse como un llamado a la movilización de los ciudadanos ante una coyuntura que podría definir el futuro político del estado.
La situación actual en Chihuahua ilustra la compleja interrelación entre instituciones, partidos y ciudadanía. El rechazo a las prácticas políticas dominantes manifestado por Ríos podría ser el síntoma de un cambio más amplio en la forma en que los chihuahuenses se relacionan con el sistema político.
En un estado donde las heridas de conflictos pasados, así como la desigualdad y la inseguridad, han marcado la vida cotidiana de sus habitantes, las palabras de la diputada resuenan como un eco de una voluntad colectiva por exigir cambios significativos y duraderos.
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