El Congreso de Chihuahua autoriza la venta de un predio para un desarrollo inmobiliario, buscando mejorar el acceso a vivienda digna en la capital.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua tomó una decisión significativa al autorizar al Poder Ejecutivo la enajenación de un predio para la construcción de un desarrollo inmobiliario.
Esta acción fue respaldada por la mayoría de los legisladores y refleja un esfuerzo por parte del gobierno estatal para atender las necesidades de vivienda en un estado donde la oferta habitacional ha estado tradicionalmente por debajo de la demanda.
El terreno, con una superficie de más de 25 mil metros cuadrados, está ubicado en una zona estratégica de la capital, en la intersección de la avenida Club de Leones y la calle Rio Guijón, lo que lo convierte en un punto focal para el desarrollo urbano.
El contrato estipula que la enajenación se realiza a favor del ingeniero José Carrillo Ramírez, quien deberá pagar cerca de 9 millones de pesos en un esquema de pagos mensualizados.
Este aspecto financiero es clave, ya que la inversión en infraestructura y vivienda es crucial para el crecimiento económico local. Se espera que este desarrollo no solo contribuya a alleviate el déficit habitacional, sino que además promueva la creación de empleos y fomente la actividad económica en la región. Sin embargo, la cuestión de cómo se gestionará esta obra también suscita inquietudes en torno a la sostenibilidad y la planificación urbana.
La legislación aprobada incluye una cláusula que asegura que el inmueble se destinará exclusivamente a la creación de vivienda digna, un compromiso que responde a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.
Este plan pone un énfasis particular en mejorar las condiciones de vida de las familias chihuahuenses que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Dado que Chihuahua presenta índices de pobreza significativos, cualquier iniciativa que busque mejorar el acceso a vivienda digna es un paso necesario en la lucha contra la desigualdad social.
Además, el hecho de que se incluya una cláusula de reversión en el decreto de autorización indica un intento por parte del gobierno estatal de salvaguardar el interés público, controlando el destino del inmueble y su uso a largo plazo.
Esta estrategia busca prevenir el desvío del propósito original del proyecto y asegurar que el terreno se utilice efectivamente para los fines destinados. No obstante, también plantea preguntas sobre cómo se monitoreará este cumplimiento y quién será responsable de hacerlo.
El papel de la legisladora Joceline Vega Vargas, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, es notable en este proceso. Su iniciativa refleja un enfoque proactivo en la promoción de proyectos que se alinean con las necesidades sociales actuales.
Sin embargo, la implementación de tales proyectos a menudo enfrenta desafíos logísticos y burocráticos, que deberán ser gestionados cuidadosamente para garantizar su éxito y sostenibilidad en el futuro.
Así, esta autorización no solo representa un avance en términos de política de vivienda, sino que también se inserta en un contexto más amplio de estrategias urbanas en Chihuahua. La capacidad de la administración estatal para llevar a cabo desarrollos efectivos en el ámbito de la vivienda será determinante no solo para mejorar las condiciones de vida de muchas familias, sino también para el desarrollo integral de la ciudad y, por ende, del Estado.
Este proceso se debe observar con atención, ya que los resultados podrían establecer un precedente importante para futuras iniciativas en materia de urbanismo y políticas sociales en la región.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.
