Diputado Pedro Torres denuncia secuestro de cuentas de Asociaciones de Padres por el gobierno de Chihuahua, afectando recursos para las escuelas.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un acto que ha generado un considerable revuelo en el ámbito educativo y político de Chihuahua, el diputado Pedro Torres Estrada, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una serie de cuestionamientos en el pleno del Congreso local enfocados en el controvertido manejo de las cuentas bancarias de las Asociaciones de Padres de Familia.
Esta situación emerge a partir de lo que se ha calificado como un secuestro de dichos fondos por parte del Gobierno estatal, un tema que ha suscitado preocupación entre los padres de familia y que plantea interrogantes sobre la transparencia y eficacia en el uso de los recursos destinados a la educación.
La denuncia se remonta al 21 de noviembre, cuando Torres Estrada hizo eco de las preocupaciones manifestadas por varias asociaciones. Estas entidades que representan a los padres de familia han visto limitados sus recursos, elementos vitales para enfrentar necesidades básicas en las escuelas, tales como la compra de calentadores y gas para garantizar condiciones mínimas durante la temporada invernal.
En un estado donde las temperaturas pueden descender drásticamente y donde la pobreza aún afecta a una parte significativa de la población, el acceso a estos recursos resulta crucial para la comunidad educativa.
El legislador basó su demanda en el Reglamento Estatal de Asociaciones de Padres de Familia, que permite a estas agrupaciones reunir fondos a través de aportaciones voluntarias de sus miembros.
La retención de las cuentas, según Torres Estrada, no solo iría en contra del marco normativo establecido, sino que también vulneraría el principio de autonomía que deben tener las asociaciones para atender las necesidades emergentes de los planteles educativos.
Este contexto revela una tensión entre la burocracia estatal y la autodeterminación de las comunidades educativas.
Entre las preguntas planteadas al secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y a Teresa de Jesús López Ramírez, directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, destacan motivos que justifican la concentración de los recursos en cuentas centralizadas y las razones que impiden su liberación.
El llamado a la rendición de cuentas surge ante una comunidad que, a través de sus líderes, busca mayor claridad sobre las políticas de financiamiento que afectan directa e indirectamente al funcionamiento de las escuelas.
El argumento de Pedro Torres se centra en la idea de que las aportaciones de los padres son esencialmente para cubrir carencias que el gobierno estatal no ha logrado atender. En un estado donde la inversión educativa históricamente ha encontrado retos significativos, el rol de las asociaciones puede ser interpretado como un mecanismo de apoyo fundamental, que debería ser respaldado en lugar de restringido.
Sin embargo, la percepción de que estas acciones son una arbitrariedad de la Gobernadora, María Eugenia Campos Galván, plantea un componente político que podría influir en la respuesta institucional.
Por lo tanto, el conflicto que ha emergido a partir de esta situación no solo toca el aspecto financiero, sino que también señala una crítica al manejo gubernamental de los recursos y la política educativa.
La respuesta de la Secretaría de Educación y Deporte se aguarda con expectación, pues podría tener repercusiones en las relaciones entre el gobierno estatal y las comunidades educativas que confían en la capacidad de sus asociaciones para gestionar y distribuir recursos.
La necesidad de un diálogo efectivo y una colaboración constructiva se vuelve crucial en la búsqueda de soluciones que favorezcan el bienestar de los estudiantes y la mejora de las condiciones escolares en Chihuahua.
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