El Ejecutivo estatal señala que las investigaciones de la Fiscalía General de Chihuahua podrían involucrar a familiares del exmandatario detenido en Estados Unidos.
Chihuahua, Chih. – El gobernador Javier Corral señaló que desde 2017 su antecesor ha tramitado al menos 30 amparos en contra de diversas órdenes de aprehensión, que en su mayoría ya han sido resueltos a favor del Gobierno del Estado por los tribunales federales.
“Es decir, le han negado la protección de la justicia federal y se han ratificado las órdenes de aprehensión libradas por Jueces de Control en el estado”, dijo el mandatario estatal cuestionado por medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual.
Recordó que la semana pasada fue tramitado un nuevo amparo en la Ciudad de México, en contra de otra orden de aprehensión y de la solicitud de extradición hecha por la Cancillería mexicana ante el Departamento de Estado, que después se turnó al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Javier Corral explicó que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado dará seguimiento puntual a este tema, aunque no se ha recibido notificación formal sobre el caso.
Dijo confiar en que estas estrategias o argucias de la defensa del exgobernador, no dilaten ni obstaculicen lo que en derecho corresponde a la justicia de Chihuahua.
El titular del Ejecutivo destacó que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en varias carpetas de investigación consideradas dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, que podrían involucrar a familiares del exgobernador de Chihuahua.
Indicó que entre los hechos que se investigan, está el haberse aprovechado de los recursos públicos desviados en su favor, situación que la propia FGE confirmará en su momento, cuando los procesos sean judicializados.
Precisó que las investigaciones en relación a las irregularidades identificadas en el patrimonio del exgobernador de Chihuahua y su entorno no han culminado e incluso podrían dar origen a nuevas acusaciones formales ante los tribunales.
Agregó que éstas van no solo en el sentido de la competencia estatal, sino en el ámbito federal, donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hacen lo propio en el entorno del exmandatario.
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