El Congreso de Chihuahua pide revisar Ley de Protección Civil y Riesgos, señala desprotección a estados y municipios. #ProtecciónCivil #Riesgos
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El pasado 25 de marzo de 2024, el Congreso de Chihuahua presentó una solicitud al Congreso de la Unión para analizar la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Esta petición se debe a que, según los legisladores, esta ley dejaría a los estados y municipios desprotegidos frente a los desastres naturales al asumir todos los costos.
En la proposición con carácter de punto acuerdo, se hace referencia a la aprobación en lo general de la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres el pasado viernes 22 de marzo. Esta ley establecería las reglas para la coordinación entre los tres niveles de gobierno en caso de desastres naturales y, por primera vez, la responsabilidad principal recaería en los estados y municipios. Además, se les obligaría a crear un fondo con sus propios recursos para atender los daños provocados por fenómenos naturales.
Ante esta situación, los estados y municipios deberán prever los recursos necesarios para atender emergencias y contratar seguros que cubran los daños. El dictamen de esta ley será evaluado por el Senado para su aprobación y sus efectos constitucionales. Sin embargo, esta medida afectaría gravemente la capacidad de los municipios para financiar a sus policías y brindarles mejores condiciones, ya que implicaría la desaparición de recursos del FORTASEG y FORTAMUN.
De ser aprobada, la nueva ley tendría un impacto directo en la población de Chihuahua, ya que actualmente el estado se encuentra en declaratoria de emergencia debido a la sequía. Según el informe del Monitor de Sequía, más de la mitad del territorio chihuahuense se encuentra en situación de sequía extrema, excepcional, severa o moderada. Además, esta ley significaría el fin del FONDEN, el cual ha sido una importante herramienta para hacer frente a desastres naturales en el pasado.
Ante esta situación, el llamado al Congreso de la Unión es a analizar exhaustivamente la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres y considerar las implicaciones que esta tendría en la protección y seguridad de los mexicanos. Es esencial que se promueva la prevención de riesgos y la atención adecuada de desastres, sin limitar la solidaridad de la sociedad civil ni dejar desprotegidos a los municipios frente a situaciones de emergencia. La protección y seguridad de la población debe ser una prioridad en la toma de decisiones legislativas.
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