La diputada María Antonieta Pérez Reyes exigió responsabilidad tras el derrame de ácido sulfúrico en Ahumada, cuestionando la falta de acción de Profepa y Semarnat.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En Chihuahua, la diputada local María Antonieta Pérez Reyes se pronunció sobre las secuelas del derrame químico ocurrido en septiembre de 2024, cuando más de 5,500 kilogramos de ácido sulfúrico se vertieron en el municipio de Ahumada. Este incidente, que se produjo como resultado de un accidente ferroviario de la empresa Ferromex, ha generado una creciente preocupación tanto a nivel local como regional. Hasta la fecha, la Sub Dirección Técnica Local de la Profepa y la Semarnat no han podido proporcionar un expediente ni detalles sobre este evento, lo que ha dejado a Pérez Reyes y a otros representantes de la comunidad sumidos en la incertidumbre.
La legisladora, quien representa al Distrito 10 de Ciudad Juárez, subrayó la falta de acción de estas dependencias gubernamentales. Durante una conferencia de prensa, Pérez Reyes expresó su desconcierto por la aparente falta de registros sobre el derrame, a pesar de que el Gobierno Federal había confirmado el evento en sus comunicados oficiales. Este vacío informativo ha alimentado temores sobre la capacidad de las instituciones para responder adecuadamente a emergencias ambientales.
Recordó que la Profepa había realizado una visita de inspección después del accidente, pero se encontró limitada en su capacidad para actuar, dado que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Estado de Chihuahua mantenía la zona asegurada. La situación plantea interrogantes sobre la coordinación entre las distintas agencias encargadas de la protección ambiental y la respuesta ante emergencias. En medio de un contexto donde la regulación ambiental es crítica, la inacción ante un derrame tan significativo pone en tela de juicio los protocolos existentes.
La diputada también hizo hincapié en las graves implicaciones de este derrame, no solo desde un punto de vista ambiental, sino también humano. En el accidente, que resultó de un frenazo inesperado de la máquina del tren, se reportó la muerte de una persona y lesiones a cuatro migrantes que viajaban en condiciones precarias sobre los vagones. La intersección de la infraestructura ferroviaria con la movilidad de grupos vulnerables resalta los riesgos que enfrenta la comunidad en la frontera.
Consciente de la gravedad de la situación, Pérez Reyes anunció su intención de seguir presionando a las autoridades competentes para obtener claridad sobre los daños causados por el accidente y el plan de remediación que, de acuerdo con la ley, Ferromex debería haber presentado en un plazo máximo de un mes. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido un avance visible en este sentido, lo cual agrava la frustración de los afectados y de aquellos que buscan justicia ambiental.
Finalmente, la diputada advirtió que no aceptará la falta de respuesta por parte de las autoridades, y que tomará medidas adicionales, incluyendo un exhorto formal para que se aclare la situación. Lo sucedido en Ahumada es un recordatorio de la importancia de una regulación ambiental efectiva, especialmente en un estado como Chihuahua, donde la interacción entre el desarrollo industrial y la protección del medio ambiente es crucial para asegurar un futuro sostenible para sus comunidades.
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