En entrevista para Grupo Imagen, el fiscal general, César Peniche Espejel, señala que el trámite ante el Congreso de la Unión es parte del proceso para avanzar con investigaciones sobre actos de corrupción en el sexenio anterior
Chihuahua, Chih. – “No solamente hay la versión de un testigo, como se ha dicho, ahí está la versión de personas que estuvieron, o que directamente tienen conocimiento de estos hechos, no son testigos de oídas, son testigos presenciales”, dice
La solicitud que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua ante el Congreso de la Unión, para el desafuero del senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, y ejercer acción penal en su contra por las investigaciones que lo vinculan con la llamada “nómina secreta”, cuenta con documental probatorio para su desarrollo, informó el fiscal César Augusto Peniche Espejel.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para el Grupo Imagen, el titular de la FGE expuso que la carpeta de investigación tiene un sustento científico, que vinculan al político a los actos de corrupción que presuntamente operó el exgobernador.
“El trabajo que ha realizado el Ministerio Público, en relación a este y prácticamente en todas las investigaciones que se llevan en los temas de corrupción, traen un cúmulo probatorio suficiente, que sustenta precisamente la actividad que se realiza ante las autoridades judiciales”, señaló.
Agregó que en este caso, se hizo la solicitud ante la Cámara de Diputados como un requisito formal, para poder avanzar con la judicialización.
“No solamente hay la versión de un testigo, como se ha dicho, ahí está la versión de personas que estuvieron, o que directamente tienen conocimiento de estos hechos, no son testigos de oídas, son testigos presenciales”, explicó.
Adicionalmente –indicó-, hay elementos que “nosotros denominamos como prueba científica, porque hay documentos que han sido perfectamente identificados y trabajados por peritos”.
Lo anterior, con el fin de establecer su autenticidad: “y esos son básicamente los datos que obran en la carpeta de investigación y que nosotros hemos incorporado en cumplimiento a nuestra obligación, qué es la de investigar delitos”, aseguró.
Peniche Espejel comentó que por el momento no se puede dar a conocer el tipo específico de pruebas que forman parte de la indagatoria, mas en su momento, el Congreso de la Unión tendrá que darlas a conocer a la defensa y a la persona involucrada.
A solicitud del conductor, el fiscal general de Chihuahua describió el contexto de la supuesta participación del senador Pérez Cuéllar en la Nómina Secreta.
“Mira, hay un hecho irrefutable, que es que dentro del gobierno de la anterior administración estatal hubo una serie de desvíos, que se destinaron a complacer y obtener las complacencias de una clase política, y de una clase de representantes sociales, me imagino que para los fines políticos de esa administración”, dijo.
Ese desvío, esos recursos que se utilizaron y que a lo largo de 3 años ascendieron a más de 1 mil millones de pesos, fueron entregados de manera discrecional a los entonces diputados, líderes de partidos, y ciertos medios de comunicación, por ejemplo:
“Hubo un movimiento de dinero totalmente fuera de lo regular, es decir, que no había un concepto legal, ni tampoco estaban o formaban parte de una partida presupuestal aprobada por el Congreso. Entonces, esos desvíos no son otra cosa que actos de corrupción. En pocas palabras se repartían el dinero del estado de Chihuahua con la finalidad de tener un control político y social”.
Durante la entrevista, se cuestionó la posibilidad de que la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, bloquee el desarrollo de la solicitud.
Al respecto, el fiscal general de Chihuahua, advirtió que la FGE se mantiene aparte de los temas políticos, para concretarse exclusivamente a las investigaciones de hechos.
“Si nosotros llegamos a la conclusión de que hay un hecho delictivo, entonces procedemos, de manera formal, ante la autoridad judicial, en este caso ante el Congreso, ya lo demás, si el Congreso lo aprueba o no, lo reserva, lo dilata o lo determina inmediatamente, pues ya es una atribución que corresponde a ellos”, respondió.
Sin embargo, destacó que el cuerpo legislativo federal estará obligado a actuar de acuerdo a las normas, en apego al Estado de Derecho en el que vive la sociedad mexicana y con base en un ordenamiento legal.
“Nosotros estamos haciendo nuestra parte y esperamos desde luego que las demás autoridades hagan lo que les toca”, expresó el titular de la FGE.
Pascal Beltrán del Río, le pidió al fiscal su postura con relación a los argumentos de Pérez Cuéllar, en los que considera que la investigación en la que está involucrado, obedece a fines políticos electorales.
“Yo he observado que en los temas de corrupción, cuando las personas involucradas son de la vida pública, siempre se dicen ser perseguidas políticas, pero no son víctimas de una persecución política, son víctimas de los hechos en los cuales se vieron involucrados y de los cuales son autores”, precisó.
Indicó que para el Ministerio Público de Chihuahua es indistinto si alguna de estas personas involucradas en los hechos de corrupción, pretende alcanzar un puesto de elección popular o si tiene, o tuvo, un cargo determinado.
“Para nosotros, lo relevante es que tenemos acreditado un hecho y tenemos la obligación, como autoridad persecutora de delitos, de darla a conocer a la autoridad correspondiente”, agregó.
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