El Gobierno de Chihuahua y la CEDH firman un acuerdo para garantizar el acceso a la información a comunidades indígenas en su lengua materna, promoviendo sus derechos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La reciente firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) representa un paso significativo hacia la inclusión y el respeto de los derechos de los pueblos originarios en la región.
Este acuerdo busca garantizar el acceso a la información en lenguas indígenas, un aspecto crucial en un estado con una rica diversidad cultural y lingüística, donde comunidades como los rarámuri, odami, wajiró, o´ob y n´dee habitan y desarrollan sus vidas. La relevancia de este documento radica en el contexto histórico en el que se encuentra; una historia marcada por la marginalización y el olvido de las culturas indígenas.
La iniciativa fue firmada por Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, y Alejandro Carrasco, encargado del despacho de la CEDH, ambos comprometidos con el objetivo de facilitar la comprensión de los derechos humanos en sus lenguas nativas.
Este esfuerzo no solo busca traducir contenidos informativos, sino también promover un cambio en la manera en que estas comunidades son percibidas y tratadas dentro del marco de los derechos que les corresponden.
La capacidad de acceder a información en su lengua materna es un elemento esencial que permite a los pueblos originarios empoderarse y participar activamente en los procesos que afectan sus vidas.
Alejandro Carrasco subrayó la importancia de la capacitación y la sensibilización en el ámbito de los derechos humanos. Esta estrategia se vuelve crucial en un contexto donde las brechas en la educación y la información han perpetuado desigualdades.
La implementación de programas que consideren las particularidades lingüísticas y culturales es un paso hacia un modelo más inclusivo de justicia. Además, este tipo de iniciativas también puede contribuir a la preservación de las lenguas indígenas, cuya desaparición es una preocupación latente en el ámbito cultural.
Enrique Rascón también enfatizó su compromiso de apoyar la interpretación y difusión de los materiales traducidos, así como en la capacitación del personal. Este enfoque destaca la necesidad de no solo llevar información a las comunidades, sino de hacerlo de manera que sea comprensible y utilizable.
En este sentido, la colaboración entre estas dos instituciones no solo se limita a la traducción de textos, sino que también implica construir un entendimiento más profundo sobre las necesidades y derechos de las comunidades indígenas.
Este acuerdo se sitúa en un momento crítico, donde la visibilidad de los pueblos originarios ha ido en aumento, pero todavía persisten enormes desafíos. La historia de Chihuahua es emblemática de luchas y resistencias, y esta firma representa una oportunidad para avanzar en un camino que favorezca una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de las políticas y programas derivados de este entendimiento.
La unión de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y la CEDH es, por tanto, un indicativo de que se están tomando medidas concretas para reconocer y proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas. Al finalizar este proceso, se espera que estas acciones no sólo se traduzcan en un marco más inclusivo en el ámbito administrativo y judicial, sino que promuevan un respeto genuino hacia la diversidad cultural y lingüística que caracteriza a Chihuahua.
Así, se puede vislumbrar un futuro donde los pueblos originarios ejerzan plenamente sus derechos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más respetuosa y equitativa para todos.
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