La Diputada Leticia Ortega Máynez impulsa una reforma educativa en Chihuahua para garantizar acceso a la educación a jóvenes en conflicto con la ley, buscando su reinserción social.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Chihuahua, un estado que ha enfrentado múltiples desafíos en el ámbito de la justicia juvenil, se encuentra en el centro de un debate crucial sobre la educación y la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley.
En este contexto, la Diputada Leticia Ortega Máynez ha presentado una iniciativa destinada a reformar la Ley de Educación estatal, con el objetivo de garantizar que estos jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, tanto formal como técnica.
Esta propuesta es particularmente significativa dado el alarmante contexto en que se desarrolla, ya que Chihuahua ocupa una posición preocupante en términos de delitos juveniles y condenas.
La población juvenil en Chihuahua representa el 31% del total de los habitantes, lo que coloca al estado en el lugar 15 a nivel nacional en términos de proporción de este sector. Sin embargo, las estadísticas revelan que la realidad de muchos de estos jóvenes está marcada por la violencia, la exclusión social y la falta de oportunidades.
Según datos recientes, Chihuahua lidera el país en el ingreso de causas penales contra adolescentes, y se ubica en el tercer lugar por sentencias condenatorias. Esto plantea una necesidad urgente de abordar las causas subyacentes de la delincuencia juvenil, y la educación se presenta como un pilar fundamental en este intento.
La iniciativa de la diputada Ortega incluye la adición de una fracción al artículo 13 y de dos nuevos artículos a la Ley de Educación, enfocados en reforzar el acceso y la permanencia educativa de adolescentes en Centros de Reinserción Social para Menores Infractores (CERSAI).
Este enfoque no solo apunta a ofrecer educación en un sentido convencional, sino también a proporcionar capacitación técnica que los prepare para el mercado laboral, en un intento por disminuir la reincidencia delictiva. A través de esta estrategia, se pretende también fortalecer el tejido social del estado, brindando a estos jóvenes una segunda oportunidad.
En su exposición, la legisladora subrayó que “la educación es la clave para cambiar vidas”. Esta afirmación resuena en el contexto chihuahuense, donde las cifras de delincuencia no solo afectan a las víctimas, sino también a una juventud que, en gran medida, ha perdido la fe en un futuro mejor. La reforma propuesta señala un intento claro de transformar este ciclo de violencia y exclusión, ofreciendo a los adolescentes herramientas para reconstruir sus vidas lejos del crimen.
La educación, de esta manera, no se presenta únicamente como un derecho, sino como una vía práctica y eficaz para la transformación social. La propuesta de reforma sugiere un compromiso del gobierno estatal hacia una política educativa más inclusiva e integral, que no ignore a aquellos que, por circunstancias adversas, han tenido un contacto negativo con el sistema de justicia. Este enfoque es esencial para crear un entorno donde la educación pueda ser abrazada como una oportunidad real de cambio.
Pese a las buenas intenciones detrás de esta iniciativa, la implementación efectiva de políticas educativas y sociales enfrenta retos significativos en el estado. La cuestión de la financiación, la infraestructura adecuada en los CERSAI, y la capacitación de los educadores son solo algunos de los aspectos que deben tomar en cuenta los legisladores y las autoridades en su implementación.
Además, la participación de la sociedad civil será crucial para garantizar que esta reforma no se quede en una declaración de buenas intenciones, sino que se traduzca en un impacto real en las vidas de los jóvenes más vulnerables de Chihuahua. En este sentido, el futuro de la reforma dependerá de una colaboración efectiva entre el gobierno, la sociedad y diversas instituciones que puedan articular estrategias coherentes y sostenibles.
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