El diputado Pedro Torres busca reformar el Código Penal en Chihuahua para prevenir el reclutamiento forzado de menores por grupos criminales, imponiendo penas severas.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, presentó una iniciativa legislativa que busca reformar el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chihuahua y adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta propuesta está motivada por la urgente necesidad de combatir el reclutamiento forzado de menores por parte de la delincuencia organizada, un fenómeno que ha crecido en las últimas décadas y que coloca a un sector vulnerable de la población en una situación de grave riesgo.
En su discurso, Torres Estrada subrayó que las niñas, niños y adolescentes son especialmente susceptibles a las injusticias y vulneraciones de sus derechos. La exposición de motivos de la iniciativa revela un panorama alarmante: de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el año 2000 y 2019, más de 31 mil menores fueron reclutados por organizaciones criminales en el país. Estos números ya no son sólo datos estadísticos, sino historias de vida truncadas y familias devastadas por la violencia y el crimen organizado.
El legislador describió el reclutamiento forzado como un fenómeno que involucra una serie de acciones, que van desde la captación y manipulación hasta el traslado y retención de los niños para ser utilizados en actividades delictivas.
Al definir este reclutamiento como una grave violación de derechos humanos, Torres Estrada no solo enfatiza la importancia de reconocer el problema, sino que también apela a la responsabilidad de las instituciones para implementar medidas efectivas que prevengan estas atrocidades.
Para abordar esta problemática, la iniciativa propone penas de 3 a 6 años de prisión y multas que van de los seiscientos a los mil doscientos días a quienes induzcan o recluten menores para actividades delictivas, así como para aquellos que los expongan a la violencia o a la drogadicción.
Este enfoque punitivo busca no solo castigar el delito, sino también establecer un marco de protección hacia un grupo que, por su edad e inexperiencia, es particularmente vulnerable a la manipulación de grupos criminales.
La presentación de esta iniciativa también se enmarca en un contexto histórico de lucha contra la delincuencia organizada en Chihuahua, un estado que ha padecido el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y otros delitos asociados.
En este sentido, la propuesta de Torres Estrada parece ser una respuesta a la necesidad de fortalecer el marco legal en favor de la protección de los derechos de los menores, un paso que podría contribuir a la creación de un entorno más seguro y solidario para la infancia.
Sin embargo, el tratamiento de esta problemática no debe limitarse a las medidas legales. Es crucial que los gobiernos y la sociedad civil establezcan estrategias integrales que incluyan programas educativos, de prevención y rehabilitación, que aborden las causas subyacentes del reclutamiento forzado.
La colaboración entre diferentes sectores, así como el involucramiento de las comunidades, puede jugar un papel decisivo en la protección de los derechos de los niños y en la erradicación de esta violación que ha marcado de manera triste la historia reciente de México.
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