A mediados de este mes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se habían congelado 4 mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares relacionados con el crimen organizado
Las acciones de lucha contra el blanqueo de capitales incluyeron también el congelamiento de cuentas de “un magistrado federal, un abogado ligado a un grupo criminal, dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación y un exgobernador, entre otros”, según informó Hacienda a través de un boletín de prensa. En todos los casos, las operaciones derivaron de la colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Por años, los mexicanos hemos echado mano de la imaginación y el rumor para adivinar cuáles negocios pertenecen al crimen organizado. Cientos de establecimientos de todo tipo que a simple vista parecen fachada del narco, nos han servido para alimentar el imaginario colectivo de las “lavanderías” de dinero mal habido.
La realidad es que, desde sus inicios, el narcotráfico encontró manera de lavar su dinero no digamos en microempresas locales, sino en grandes inversiones en todas partes del mundo. Los narcos han invertido en toda suerte de negocios como método para lavar su dinero (justificando así sus cuantiosas riquezas), pero también como fachada para pasar desapercibidos como exitosísimos empresarios. Aparejada también está la posibilidad de que, en verdad, las empresas creadas con fines de lavado terminen por ser rentables y se sumen a las ganancias producto de la venta de drogas.
Hacia 2014, Joaquín Guzmán, “El Chapo”, estaba vinculado a 288 empresas, según reportaron medios. Hoteles, autódromos, parque acuático, aeronáuticas, club deportivo, criaderos, casas de empeño, farmacéuticas, constructoras, exportadoras, formaban parte de la cartera de inversión del que alguna vez fuese considerado uno de los hombres más ricos del mundo.
Personajes públicos como el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez fueron señalados por el gobierno estadounidenses precisamente por tener vínculos empresariales con el Cártel de Sinaloa y con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Bienes raíces, hoteles, agroindustrias, gimnasios, spas, están entre las inversiones favoritas de los narcotraficantes. La máquina de hacer dinero ha llegado incluso a incidentes como cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social avaló en subrogación una guardería a la hija del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.
La actividad empresarial ilícita, por cuanto hace al origen de los recursos, no es, sin embargo, exclusiva de quienes se dedican al negocio de la droga.
Cada que termina una administración de gobierno, aparecen en los medios y en los informes de las auditorías públicas, los señalamientos de cómo políticos de uno y otro partido saquearon las arcas para su enriquecimiento.
En el cinismo absoluto que priva en la clase política, los funcionarios apuestan a la inversión para acrecentar ganancias. Viene a mi mente el caso de Wenceslao Martínez, César Camacho y Gustavo Ortega Joaquín, políticos beneficiados con millones de pesos de dinero público para convertirse en prominentes productores de vino, como lo reveló una investigación del Huffington Post
A ellos, como a otros tantos ex servidores públicos, no hay quién les investigue, menos quien se atreva a sancionarles. El Ministerio Público, a quien por ley le corresponde en exclusiva la investigación de los delitos, no muestra asombro por las declaraciones patrimoniales de políticos que tras pasar por la función pública incrementan sus bienes como si se hubiesen sacado la lotería incontables ocasiones.
La corrupción de la clase política, la impunidad de la que gozan –como estandartes están Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo, uno por años impune, la otra salida avante de los procesos en su contra–, ha aceitado bien la maquinaria de este cártel organizadísimo, admirado e intocable a toda vista.
Quien sea titular de cualquier negocio establecido dentro de la legalidad, incluso quien preste servicios de variada índole, sabrá que cumplir con las normas fiscales es un verdadero dolor de cabeza. Declaraciones, facturas, sellos, deducciones, comprobaciones y más, ordenados por el Servicio de Administración Tributaria; sin contar con las obligaciones establecidas por las entidades federativas y los municipios que revisan de cabo a rabo buena parte de los ingresos de negocios establecidos en el territorio nacional.
Justo es entonces que parece imposible imaginar cómo los buenos oficios del gobierno para obligar al cumplimiento tributario no atinan a detectar la ilegalidad de los miles de negocios de políticos de toda índole.
Es de resaltar, sin duda, los aseguramientos hechos al narco, pero urge también las detenciones de funcionarios, empresarios, abogados, contadores y banqueros que permiten el lavado de dinero a todas escalas y en todos niveles.
¿Contra ellos, contra los corruptos habrá llegado la hora de que pisen la cárcel? Si no sucede, entonces poco servirán los avisos de multimillonarias cuentas congeladas, pues la impunidad seguirá garantizada.
Itzel Ramírez
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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