El delegado de los Programas para el Desarrollo afirma que es una problemática originada por anteriores administraciones federales que se debe resolver a fondo; exhibe que solo 13 empresas expiden facturas para realizar ese trámite.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Los altos costos para importar vehículos de modelo atrasado, que son aquellos que las familias de recursos limitados pueden adquirir, es una de las principales problemáticas que se presentan en los estados de la frontera norte.
Mientras, las políticas hacendarias de gobiernos federales anteriores generaron corrupción en la expedición de facturas para realizar esta diligencia, expuso el delegado de los Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.
Es una injusticia para las familias que menos recursos tienen y que son las que pueden alcanzar a comprar un vehículo de los que, precisamente, generan más impuestos por su importación, dijo.
Una de las razones por las cuales hay muchos autos importados de forma irregular es que se establecieron condiciones propicias para que se diera este fenómeno, tales como corrupción, reglas injustas e impuestos prohibitivos.
“Decomisar los vehículos (traídos de forma ilegal a México) es un atentado contra el patrimonio de las familias, particularmente aquí en Ciudad Juárez, donde tenemos un muy deficiente servicio de transporte público y una mancha urbana muy grande, (es) casi imposible realizar las labores cotidianas sin un auto”, planteó el funcionario.
Es improbable para las familias comprar un vehículo nuevo de agencia porque tienen esquemas de financiamiento muy alto, así que mucha gente se ha hecho de un vehículo con esa característica y la medida impuesta por el Gobierno Federal para regularizarlos es justa y una decisión muy acertada.
Además, es un tema relacionado también con la inseguridad, existen cifras reportadas que indican que en la inmensa mayoría de los hechos delictivos se usaron automóviles con reporte de robo, sin placas o con documentos sobrepuestos.
Indicó que ha preguntado a la ciudadanía cuales son sus principales demandas, una es la importación de automotores, pero también el mal estado que guardan las calles, así que regresar a los municipios recursos para que lo aprovechen para abatir ese rezago es una estrategia muy importante y justa.
Loera de la Rosa dijo que se estima que en esta frontera circulan alrededor de 55 mil vehículos sin regularizar, los que generarían 137 millones 500 mil pesos cuando cada uno de sus dueños cubra los 2 mil 500 pesos que costará cada trámite.
Insistió en que se tiene que resolver de fondo la importación de automóviles porque hay empresas que, de acuerdo al modelo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) establecido por administraciones federales anteriores, venden facturas para importar las unidades.
También existe una falsa información, una especie de extorsión por parte de los tramitadores que piden dinero aparte, una cuota especial, a las y los ciudadanos para la subvaluación de las facturas.
Este modelo genera corrupción porque hay muchos ‘coyotes’ en el proceso de la importación vehicular, por lo que pidió a la gente que no se deje engañar; tiene información de que personas ya están cobrando alguna cuota, pero en el proceso no habrá intermediarios ni intervención de organizaciones.
Aclaró que será el Gobierno Federal quien realice directamente el cobro y no tendrá representantes externos para llevar a cabo estas gestiones.
“Se deben quitar los intermediarios… son 13 las empresas autorizadas por SAT, de ahí vienen las facturas, se debe eliminar eso y cobrar impuestos con relación al valor real de las unidades”, dijo.
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