Según el diccionario del español de México, la palabra “huachicol” tiene dos significados principales: 1) una bebida alcohólica adulterada con alcohol de caña y otros compuestos; o 2) el combustible robado que también puede estar adulterado. Así, son “huachicoleros”, las personas que se dedican al robo y venta ilegal de combustibles (gasolina, diésel, turbosina o naftas) o de bebidas alcohólicas adulteradas.
La actividad de los huachicoleros cobró relevancia nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, al liberar los precios de los combustibles en la reforma energética del 2013 y más aún al inicio del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quién como medida urgente para combatir esta actividad ilícita ordenó temporalmente el cierre de ductos y la distribución de gasolinas a través de pipas en todo el territorio nacional. La medida ocasionó escasez de gasolina en algunos lugares, largas filas en las estaciones de servicio y concientizó a la ciudadanía de la importancia y grandes impactos del problema. Adicionalmente, el 18 de enero de 2019 por la tarde, en Tlahuelilpan Hidalgo, como consecuencia de prácticas de huachicoleo, se suscitó una explosión en el ducto Tula-Tuxpan, por la que lamentablemente perdieron la vida 137 personas y 13 más resultaron lesionadas. Si bien la tragedia de Tlalhuelipan Hidalgo no ha sido el único incidente derivado de esta nociva práctica, si el de mayores consecuencias e impacto en la agenda pública.
Irónicamente, el 16 de enero de 2022, sólo dos días antes de la tragedia, la Secretaría de Energía reportaba que, por las acciones gubernamentales adoptadas al inicio del sexenio anterior, el huachicoleo habría disminuido en un 96%, evitando desvíos por 10,000 millones de pesos, con más de 5000 elementos de la Guardia Nacional vigilando los ductos.
El huachicol es un muy grave problema de seguridad pública en México. No sólo por lo riesgoso de la práctica, sino también por la cuantiosa pérdida de recursos que representa para la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y porque es frecuentemente llevado a cabo por grupos de crimen organizado, que procuran ganancias ilícitas, distorsionando los mercados domésticos de distribución de combustibles. El sexenio pasado su reporte se incluía en el informe diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el último reporte de la administración anterior, fechado el 30 de septiembre de 2024, se señaló en el rubro “Desvío de hidrocarburos”, que entre el 1 y el 29 de ese mes hubo una desviación promedio diaria de 4.7 mil barriles, cifra que se mantenía según Pemex desde 2023. La cifra menor habría sido en 2021, cuando el dato fue de 3.6, mientras que en 2019 de 6.4, en 2020 de 4.8 y en 2022 de 6.1. En dinero, las pérdidas por huachicoleo de enero a septiembre de 2024 representaron un aumento del 9% con respecto al mismo período de 2023, pasando de 13,719 millones de pesos a 14,972 millones.
Pues bien, por razones a la fecha no explicadas, el actual gobierno federal dejó de incluir los datos del huachicoleo del reporte diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta exclusión contrasta con la declaración de la presidenta al afirmar en la conferencia mañanera del pueblo, textualmente que: “Este gobierno no participará en una dinámica de simulación u ocultamiento de datos de información criminal”. Esperamos pronto se remedie esta irregularidad y se continue con la política de combatir decididamente esta perniciosa práctica que tanto daña al país.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
