La organización ciudadana se opone al proyecto de la Torre Centinela y la administración estatal tiene la postura de que quienes lo critican tienen fines perversos; pedirá ser cobijado por el Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas y Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos.
Ciudad Juárez, Chihuahua (ADN / Martín Orquiz) – A través de una carta pública dirigida a la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, representantes del Frente Político Ciudadano (FPC) se manifestaron en contra del proyecto de la Torre Centinela, solicitan que se informe el gasto que se destina para el proyecto y que solicitarán el amparo del Mecanismo Nacional de Protección.
“Vemos que se está llevando a cabo un porcentaje significativo del presupuesto para nuestra entidad y no se visibiliza el impacto en materia preventiva y de atención de los altos niveles de inseguridad y violencia que enfrentamos en nuestro estado”, exponen.
En conferencia de prensa Martín Tafoya, Silvia Aguirre y Catalina Castillo del Frente Ciudadano por Juárez, así como Jesús Saláis del Movimiento de Revocación de Mandato, dijeron que los integrantes el FPC son defensores y defensoras de derechos humanos que llevan años probados en generar una defensa y activismo en pro de la frontera y en comunidades del estado de Chihuahua.
Bajo esa circunstancia, se mostraron en contra del proyecto de la Torre Centinela desde su derecho a la organización social.
Indicaron que el mensaje que Campos Galván da a los chihuahuenses es: “Quien no está conmigo, es un criminal”, por lo cual solicitaron al Gobierno del Estado que desmienta las declaraciones del Secretario Estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya, que el pasado 5 de octubre afirmó que quienes se oponen a la Torre Centinela “tienen fines hasta perversos”.
El funcionario estatal agregó: “Los únicos que se oponen a la creación de la Torre Centinela son los delincuentes, ya que este proyecto viene a coartar la libertad con la que se venían desplazando”.
“Esta es una gravísima declaración, totalmente contraria al estado de derecho, lesiva a la libertad de expresión y a la libertad de crítica y disidencia; además de la ignorancia de este funcionario público sobre los mecanismos de prevención de la delincuencia, sus lamentables declaraciones revelan un talante autoritario, descalificador a priori y contrario a todo proceder democrático”, expusieron.
Mencionaron que llamar criminales a quienes se expresan ante el despilfarro y poco sentido que refleja el gobierno estatal al gastar 4 mil 200 millones de pesos en la adquisición del equipo y la construcción del proyecto Plataforma Centinela, es un inequívoco indicador de la actitud represora del contra toda crítica, así sea fundamentada.
Como ciudadanas y ciudadanos que desarrollan una labor de defensa de los derechos humanos, acudirán al Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas y Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, para demandar su protección ante los actos de criminalización y de acoso perpetrados por el gobierno de Campos Galván.
Esa herramienta está contenida en el marco de la Alerta Preventiva de la situación que enfrentan las personas defensoras en Chihuahua, impulsada en el anterior gobierno y que en el actual sigue vigente, pues es una acción del propio Mecanismo Nacional.
“A la Gobernadora del Estado le exigimos una disculpa pública por las declaraciones y hechos de criminalización y de acoso perpetrados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La hacemos responsable de cualquier represalia de la que podamos ser víctimas al hacer uso de nuestra libertad de expresión”, señalaron.
Enviaron una copia de la carta a Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas para Personas Defensoras de Derechos Humanos, al Mecanismo Nacional de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y al Consejo Directivo del Mecanismo Nacional de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos.
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