Las asociaciones civiles denominadas Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Servicio Jesuita a Refugiados, consideran que los tres niveles de gobierno, además de empresarios y medios de comunicación, vierten discursos estigmatizantes y de racismo en contra de las personas en condición de movilidad.
Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .– En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante, las asociaciones civiles denominadas Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Servicio Jesuita a Refugiados, exigieron un alto a los discursos estigmatizantes de discriminación, xenofobia y racismo, por parte de los tres niveles de gobierno, empresarios y medios de comunicación.
Gisela Muñoz y Evelyn Rodríguez del Departamento de incidencia de DHIA, señalaron que, en el marco de los 75 años de la declaración universal de los Derechos Humanos, la asociación preparó un informe denominado “Dignidad, Libertad y Justicia para todas las personas en movilidad”.
En su introducción, los derechos humanistas mencionan que las tres instancias de gobierno, así como los empresarios y algunos medios de comunicación han violado los derechos humanos de las personas en movilidad con sus comentarios con alto contenido xenofóbico.
“Los hechos ocurridos el 27 de marzo en la estancia migratoria de Ciudad Juárez en donde fallecieron 40 migrantes muestran la cara más oscura de las políticas migratorias, donde el estado mexicano sistemáticamente privó a las personas de la libertad por faltas administrativas”, explicó Evelyn Rodríguez.
Mencionaron que los últimos operativos registrados son los que se han llevado a cabo en los trenes de Ferromex que en colaboración con lNM y el Estado, se acordaron 15 puntos para limitar el libre tránsito de las personas en movilidad sin procurar la vida de estas.
“En los hechos vemos que esos acuerdos solo se basan a tratar de cumplir con las diligencias más allá de querer procurar la seguridad de las personas.
Dos meses después de dichos acuerdos se documentó como el INM y Guardia Nacional bajaron del tren aproximadamente a 1500 personas en movilidad y las abandonaron en medio del desierto de Chihuahua, lejos de la ciudad, poniendo en riesgo su integridad no tener acceso a servicios y alimentos”, se estableció en el informe.
Se destaca que el 5 de octubre se ganó un amparo que impide solicitar identificación en la compra de boletos en terminales aéreas o de autobuses.
Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Servicio Jesuita a Refugiados señalaron que la política pública aplicada con los migrantes debe cambiar.
“Exigimos un alto los discursos estigmatizantes de discriminación xenofobia y racismo hacia las personas en movilidad por parte de funcionarios públicos, empresarios y medios de comunicación, además de hacer un llamado que es muy necesario hacia la certificación y el fortalecimiento de albergues donde residen las personas en movilidad”, concluyeron Isela Muñoz y Evelyn Rodríguez.
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