Gilberto Loya, Secretario de SSPE, muestra contradicciones en su trato del caso de custodios asesinados, complicando la búsqueda de justicia para las familias.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Desde el trágico incidente ocurrido en el Cereso de Ciudad Juárez, donde perdieron la vida varios custodios, se ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad del Estado y, en particular, la postura institucional liderada por el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.
La situación se ha vuelto crítica, no solo en el ámbito del derecho administrativo, sino en la percepción pública de cómo la autoridad enfrenta las consecuencias de sus acciones, o en este caso, su inacción.
Las declaraciones del Secretario en medios de comunicación apuntan a un intento de distanciarse de cualquier responsabilidad, lo que contrasta notablemente con su postura ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde efectivamente reconoce parte de la responsabilidad institucional en lo sucedido.
La dicotomía entre sus defensas públicas y la postura legal resalta una falta de consistencia que podría ser aprovechada por los representantes legales de los afectados, quienes podrían capitalizar esta vacilación para presionar por una mayor indemnización.
La retórica del Secretario, que sugiere que el Cereso no estaba bajo la jurisdicción de la SSPE en el momento del hecho, parece más un intento de eludir responsabilidades que un argumento sólido respaldado por normativas vigentes.
Históricamente, el estado de derecho establece una continuidad en la responsabilidad del Estado, independientemente de los cambios en la estructura administrativa, corriendo el riesgo de comprometer los principios de justicia que deberían prevalecer en casos de esta naturaleza.
El contexto que rodea esta tragedia no debe subestimarse. Las muertes de los custodios son un recordatorio del sistema penitenciario en México, un espacio que ha estado históricamente marcado por la negligencia y la falta de atención institucional.
La Ley que transfirió el Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Pública claramente establece que, además de recibir la gestión del sistema, también se asumen todas las responsabilidades emergentes de eventos pasados y presentes.
Por lo tanto, la actitud actual de Loya no solo se ve como un contrasentido, sino también como una falta de respeto hacia las familias que buscan justicia y reconocimiento de su dolor.
El reconocimiento parcial de los hechos por parte del Secretario, al aceptar haber brindado prestaciones de ley a los familiares de los custodios fallecidos, pone de relieve una contradicción inquietante.
¿Cómo se puede acusar a otras instituciones de falta de responsabilidad mientras se señala que se ha buscado resarcir el daño? Esta dualidad en la narrativa no solo confunde a la opinión pública, sino que también enreda el proceso legal y complica la posibilidad de conciliación con las familias afectadas, quienes tienen derecho a un acompañamiento emocional y psicológico sin los agravantes de la desconfianza institucional.
Además, la delegación de la responsabilidad legislativa al Congreso para mejorar las prestaciones a las familias de los custodios resultantes de este hecho sugiere un intento de eludir la culpabilidad que debería recae directamente en el Estado.
Esto plantea un dilema ético y administrativo en relación con las obligaciones que ya existen como parte del reconocimiento del daño causado, lo que debería ser inmediato y no sujetarse a futuras legislaciones que, por su naturaleza burocrática, pueden tardar en concretarse.
Este tipo de evasivas solo prolonga el sufrimiento de los afectados, quienes en medio de su luto buscan respuestas claras.
La postura de Gilberto Loya no solo afecta su credibilidad como líder de la seguridad pública, sino que también resuena profundamente en la gestión de la Gobernadora María Eugenia Campos, quien, a su vez, ha asumido compromisos de atender las recomendaciones de la CNDH.
Para la sociedad chihuahuense, estos acontecimientos son más que hechos aislados; reflejan una cultura de responsabilidad en la que el Estado, como ente colectivo, debe asumir las consecuencias de sus acciones y decisiones.
Las familias merecen una respuesta que, más allá de los tecnicismos y argumentos legaloides, ofrezca empatía, respeto y, sobre todo, justicia.
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