La diputada local de Movimiento Ciudadano solicita mayores recursos y acompañamiento profesional que establezca el lapso para la permanencia de víctimas en las estancias.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Adecuar la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para mejorar y regular la operación y servicios que se brindan en los refugios a víctimas de violencia, propuso la diputada local de Movimiento Naranja, América García Soto.
La petición se hace en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con la finalidad de que la autoridad garantice los derechos de este sector de la población en una de las entidades con el más alto índice de feminicidios, informó a través de un comunicado.
“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos marca la pauta sobre cómo y de qué forma deberían regirse los refugios en los estados del país, y en lo cual, el estado de Chihuahua, queda sumamente relegado, tanto en legislación como en práctica”, dijo.
Si bien el estado cuenta con refugios públicos, y a pesar de que existen diversos centros privados que contribuyen con la causa, la realidad es que son limitados a comparación de la incidencia delictiva y la situación real en el tema de violencia contra la mujer.
Expuso que el presupuesto que se le ha asignado a los refugios es totalmente incierto, ya que el Paquete Económico que se presentó por parte del estado de Chihuahua no determina una cantidad contundente y asignada para estos lugares.
Además, continuó, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres carece de un presupuesto que permita cubrir las necesidades actuales y no existe una transparencia ideal para conocer cómo se distribuye su presupuesto, tampoco se ha tenido noticia sobre cómo y cuánto se va a invertir en los refugios.
Soto García propone también adecuar la temporalidad de las personas en los refugios, ya que la Ley Estatal vigente menciona que en todo momento las mujeres víctimas de violencia podrán decidir sobre su permanencia en los refugios, aun y cuando su salud mental o su entorno sigue siendo vulnerable.
“No considero conveniente fijar una temporalidad específica en cuanto a la permanencia de las víctimas de violencia en los refugios; sin embargo, considero de suma importancia que los espacios ofrezcan un acompañamiento profesional tanto de personal médico, psicológico y jurídico”, declaró.
Debe ser este equipo profesional, añadió, el que realice un dictamen para evaluar la condición de la víctima y, con base en ello, se establezcan los límites de permanencia según cada caso.
Otra modificación que debe realizarse es contemplar la estancia en el refugio de las hijas e hijos de la víctima porque la Ley General así lo establece.
“Es un tema muy atinado, ya que se tiene el antecedente de casos en que los hijos quedan totalmente desamparados, ya sea porque no existe la asesoría adecuada o porque la víctima realmente no se encuentra en condiciones de determinar por sí misma el proceder de sus hijas e hijos”, dijo.
Propuso la adición de artículos que contemplen el servicio que los refugios deben otorgar a las víctimas, tales como médico, apoyo psicológico y alimentación, entre otros.
La legisladora exhortó al Instituto Chihuahuense de las Mujeres a que esclarezca de manera integral el monto, destino y el ejercicio del presupuesto destinado a los Refugios para mujeres, que contempla la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También, le pidió que explique y justifique la falta de apoyo y promoción a los Refugios para mujeres del estado de Chihuahua.
García Soto solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del estado de Chihuahua que redireccione, asigne y/o redistribuya el presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado así como del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, para que se cubran las necesidades de los Refugios para mujeres.
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