Morena busca reformar leyes en Chihuahua para tipificar y sancionar la violencia vicaria, atendiendo un creciente problema de agresiones a mujeres.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Chihuahua se encuentra en una encrucijada en su lucha contra la violencia de género, pues el 4 de marzo de 2025 se llevó a cabo una sesión del Congreso del Estado en la que la diputada Leticia Ortega Máynez presentó una iniciativa crucial para abordar la violencia vicaria.
Esta forma de agresión, que utiliza a seres queridos como instrumentos de control, ha sido objeto de creciente atención en el ámbito nacional, ya que su reconocimiento y sanción son fundamentales para salvaguardar los derechos de las mujeres y sus familias. Ortega enfatizó que no se puede permitir que las instituciones ignoren este flagelo, que ha tenido un costo devastador en vidas humanas y en la cohesión familiar.
El fenómeno de la violencia vicaria ha ido en aumento en México, con cifras alarmantes que indican un incremento del 167% en los reportes de esta violencia entre 2021 y 2022. De acuerdo con datos del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, los casos se dispararon de 2,865 a 7,670 en un año.
Esta estadística resalta no solo la magnitud del problema, sino también la imperante necesidad de que las autoridades respondan de manera adecuada y eficaz. Sin embargo, a pesar de este incremento en las denuncias, la respuesta institucional ha sido deficiente; hasta el cierre de 2024, no se había dictado una sola sentencia condenatoria en el país por este delito.
La propuesta presentada por la diputada Ortega Máynez es un intento por llenar el vacío legislativo existente en Chihuahua, que todavía no ha tipificado la violencia vicaria como un delito. Su iniciativa incluye reformas al artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, además, incorpora la creación de un capítulo específico en el Código Penal para sancionar a quienes cometan este tipo de violencia. Las penas propuestas varían de uno a cinco años de prisión, un castigo que, aunque puede ser visto como insuficiente por algunos, representa un primer paso en la dirección correcta.
Este movimiento legislativo se produce en un contexto donde las violaciones a los derechos humanos de las mujeres son cada vez más denunciadas, pero igualmente ignoradas por un sistema judicial que no ha respondido a la altura de la crisis.
Los organismos de derechos humanos han instado a los gobiernos estatales y al federal a tomar medidas urgentes, no solo para sancionar a los agresores, sino también para implementar programas de prevención que aborden las raíces del problema. En este sentido, la iniciativa de la diputada forma parte de un esfuerzo más amplio para reconfigurar la respuesta institucional frente a la violencia de género en el estado.
El llamado que Ortega hace a sus colegas legisladores es emblemático de la urgencia por cambiar este paradigma. La diputada no solo busca la aprobación de su iniciativa, sino que también clama por una toma de conciencia colectiva respecto a la necesidad de proteger a las mujeres y a sus familias en Chihuahua, un estado que, como muchos otros, ha sufrido en carne propia las devastadoras consecuencias de la cultura de la violencia.
La protección de los derechos de las mujeres no puede esperar, y su insistencia en este punto refleja la responsabilidad compartida de todos los actores en la sociedad.
En un contexto cultural donde los roles de género han sido tradicionalmente rígidos, la propuesta de Ortega Máynez representa una ruptura con el statu quo. La violencia vicaria, al igual que otras formas de violencia de género, exige no solo un Marco normativo más robusto, sino también un cambio cultural que visibilice y condene este tipo de agresiones.
La aceptación y tipificación de la violencia vicaria es un paso hacia el fortalecimiento de las instituciones y la construcción de un entorno donde las mujeres puedan vivir libres de temor y violencia. El recorrido hacia la justicia en Chihuahua puede ser largo, pero iniciativas como la presentada por la diputada son fundamentales para avanzar en una dirección más equitativa y segura para todas.
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