La diputada local por Morena pide que tratamientos para reasignar orientación sexual e identidad de género sean consideradas como delito porque atentan contra los derechos humanos.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Una iniciativa de ley para reformar el Código Penal del Estado en busca de sancionar las terapias de conversión, servicio que busca que personas con identidad o distintas orientaciones sexuales retomen el camino de la heterosexualidad normada, fue presentada por la diputada local de Morena, Leticia Ortega Máynez ante el Congreso de Chihuahua.
Dijo que existen organizaciones y grupos que ofrecen terapias de conversión o reparativas a través de programas denominados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), que intentan encaminar la orientación o identidad sexual de las personas no heteronormadas.
La actividad ha ganado popularidad en los grupos conservadores; sin embargo, han sido utilizadas para someter a personas en contra de su voluntad, lo que es una clara violación a los derechos humanos.
Añadió que, quienes promueven estas terapias, se basan en la creencia de que la orientación sexual y la identidad de género de las personas deben cambiarse o reprimirse cuando no se ajustan a lo que otros actores consideran la norma deseable.
Ortega Máynez expuso que los intentos de patologizar a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso, tienen consecuencias profundas en su integridad y bienestar físicos y psicológicos.
Afirmó que las prácticas destinadas a lograr la conversión, son inherentemente humillantes, denigrantes y discriminatorias.
“Los efectos que tienen la sensación de impotencia y la humillación extrema generan profundos sentimientos de vergüenza, culpabilidad, autoaversión e inutilidad que pueden menoscabar el autoconcepto y provocar cambios negativos permanentes en la personalidad”, declaró.
El daño ocasionado por los ECOSIG comienza con la noción de que una persona está enferma o es anormal a causa de su orientación sexual o identidad de género y, por lo tanto, debe ser tratada, lo que da lugar a un proceso de victimización.
En este sentido, la población LGBTTTI+ no solo llegan a ser rechazada, sino que inclusive es obligada a soportar diversos actos tendientes a ‘reorientar’ o ‘reasignar’ su orientación sexual o su identidad de género que van desde sesiones de pláticas, sermones, ‘terapias’ y ‘tratamientos’ que no tienen sustento científico alguno.
En este sentido, se retoma la tipificación actualmente aplicada en otros países y entidades federativas que ya sancionan estas prácticas que vulneran, discriminan y violentan derechos humanos fundamentales.
Ortega Máynez mencionó que Chihuahua tiene la obligación de legislar con enfoque antidiscriminatorio para prohibir estas prácticas, ya que tienen por objeto la restricción o el menoscabo de los derechos humanos y son mayormente reprochables cuando tales prácticas se dirigen o aplican en personas con vulnerabilidad agravada, como niñas, niños y adolescentes.
Los ECOSIG, añadió, no son admisibles en una sociedad donde el faro que nos guía son los derechos humanos.
“Solamente a través de la inclusión de la diversidad sexual y de género en todos los espacios es que lograremos crear una sociedad en donde todas las personas gocen del respeto a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad, sin violencia y discriminación”, enfatizó.
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