La iniciativa busca reforzar la atención inmediata y efectiva a víctimas mediante corporaciones municipales capacitadas.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Alma Portillo, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Congreso del Estado de Chihuahua una propuesta que plantea la creación de unidades especializadas en las Direcciones de Seguridad Pública Municipal para atender casos de violencia familiar y de género. La legisladora enfatizó la urgencia de abordar esta problemática, que coloca al estado en el sexto lugar nacional por incidencia en delitos de violencia familiar.
Portillo destacó que entre 2020 y 2023 se ha registrado un aumento del 58% en las denuncias de este tipo de delitos, cifras que evidencian una crisis alarmante en la entidad. “Detrás de cada cifra hay una vida marcada, una familia fracturada, derechos humanos vulnerados. Como representantes populares, no podemos ser indiferentes”, expresó durante su intervención.
La iniciativa incluye la reforma del artículo 180 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, obligando a los municipios a conformar unidades especializadas con personal capacitado, preferentemente integrado por mujeres. Estas unidades serían responsables de brindar atención inmediata, garantizar la protección de las víctimas y coordinar su canalización a las instancias correspondientes.
Según la propuesta, la implementación de estas unidades se realizaría de manera progresiva, bajo la supervisión del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Ambos organismos evaluarían las necesidades específicas de cada municipio con base en estadísticas e índices de violencia, permitiendo una aplicación estratégica de recursos y personal.
“Es nuestra responsabilidad como legisladores sentar las bases para un estado más justo y seguro, donde las mujeres, niñas, niños y familias puedan vivir libres de violencia”, afirmó Portillo, subrayando que la iniciativa responde a una demanda social urgente y al mandato constitucional de proteger los derechos humanos.
La propuesta fue bien recibida por los integrantes del Congreso, quienes reconocieron la importancia de establecer estrategias concretas y sostenibles para combatir la violencia familiar y de género en el estado.
De ser aprobada, esta reforma marcaría un cambio significativo en el enfoque de las autoridades municipales hacia la prevención y atención de la violencia, garantizando una respuesta más humana, profesional y efectiva para las víctimas en Chihuahua.
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