Solicitaron, además, que las encuestas lleguen hasta los asentamientos más recónditos y que se dedique tiempo y recursos suficientes para completar estos procesos. Se espera que la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas quede lista al final de la presente Legislatura
Guachochi, Chih. – Sanciones para los funcionarios que impidan o traten de frenar las consultas en comunidades indígenas, así como que esos procesos sean libres y sin manipulación, pidieron los integrantes de pueblos originales que participaron en el Foro de Consulta para la dictaminación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dio a conocer el diputado federal, Ulises García Soto.
Además, a través de esta actividad que se realizó el pasado fin de semana en Guachochi, Chihuahua, solicitaron que se dedique el tiempo suficiente a las consultas para que la información pueda llegar hasta lo más recóndito de las comunidades y que sean destinados los recursos suficientes para encuestar a todos los asentamientos.
“En Chihuahua tenemos la situación de que las localidades están muy alejadas y dispersas, entonces es necesario contar con todos los recursos y también con todo el tiempo para hacer una encuesta, donde todos puedan participar”, explicó.
Solicitaron también que la información no sea tan técnica y que esté descrita en sus idiomas, que haya intérpretes o traductores suficientes para que se les puedan explicar los detalles y llegar a las mesas de consulta ya con los datos bien trabajados.
“Las mesas de trabajo fueron bastante productivas, me llama mucho la atención la participación de todos los pueblos del estado de Chihuahua y de Coahuila, de las comunidades de migrantes de indígenas en Ciudad Juárez que representan a pueblos de todo el país”, indicó.
Entre los participantes en el foro estuvieron miembros de comunidades apaches, kikapúes y mascobos de Coahuila; así como pimas, tepehuanos, guarojíos y rarámuris de Chihuahua.
Las conclusiones que fueron obtenidas a través del foro hecho en Chihuahua se integrarán en un documento que resultará de todas las demás consultas que se están haciendo en el país, lo que originará un producto muy enriquecido, agregó García Soto.
Una vez elaborado, el escrito será votado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, luego pasa a la de Senadores y se espera que ya por fin exista una Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para que los habitantes originales cuenten con una herramienta que les sirva -sobre todo- para defender su territorio.
El resultado de las consultas será vinculante; es decir, si los indígenas dicen que no a través de este proceso a la instalación de cualquier infraestructura, a proyectos de minería, represas, gasoductos o aeropuertos, entonces no se realizarán.
“Esta es la parte más importante de esta iniciativa, esperamos que sea una realidad al final de esta legislatura, en septiembre de este año”, dijo.
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