La diputada Xóchitl Contreras critica la negligencia del Gobierno Federal tras el asesinato de un trabajador del INM, exigiendo protocolos de seguridad urgentes.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La reciente muerte de Luis Alberto Olivas García, un trabajador del Instituto Nacional de Migración (INM), ha reavivado el debate sobre la gestión del organismo y la seguridad de sus empleados en un contexto migratorio cada vez más complicado.
La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, ha manifestado su profundo rechazo ante lo que ella califica como negligencia del Gobierno Federal y del actual comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
Este lamentable suceso recuerda la tragedia ocurrida en marzo de 2023, cuando un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez se cobró la vida de 40 migrantes, un evento que ha marcado la agenda política y social de la región y que refleja una crisis humanitaria en curso.
La legisladora ha subrayado el impacto devastador de esta insensibilidad gubernamental, argumentando que las muertes en contextos migratorios son parte de una cadena de incidentes atribuibles a la falta de protocolos de seguridad y a una gestión ineficiente.
Contreras ha recordado que a pesar de que se está llevando a cabo una investigación por ejercicio indebido del servicio público en relación a la tragedia anterior, Garduño Yáñez pudo cambiar el lugar de su firma judicial a la Ciudad de México poco antes de abandonar su cargo, lo que a su juicio, evidencia la falta de compromiso con la supervisión y responsabilidad que su puesto conlleva.
El contexto histórico del manejo migratorio en México, y en particular en Chihuahua, es complicado. Ciudad Juárez, un importante punto de entrada al país, se ha visto afectada por una serie de políticas que buscan contener el flujo migratorio, pero que han sido criticadas por su carácter represivo y la falta de atención a los derechos humanos.
En este marco, los trabajadores del INM operan bajo condiciones de constante riesgo, sin las garantías de seguridad necesarias para desempeñar su labor, lo cual es particularmente preocupante en zonas donde actividades del crimen organizado y dinámicas sociales complejas se entrelazan.
La diputada Contreras expresó su preocupación sobre las condiciones laborales de los empleados del INM, señalando que las imposiciones operativas, como las cuotas de detención, obran como factores que incrementan el riesgo en el que se encuentran.
En su opinión, esta política pública no solo infringe derechos fundamentales, sino que convierte a los trabajadores en víctimas de un sistema fallido y deshumanizado.
A este respecto, Contreras exige que se implementen protocolos de seguridad más robustos y se garantice la presencia de la Guardia Nacional en áreas de alto riesgo, como una medida para salvaguardar la integridad de quienes desempeñan funciones cruciales en el manejo de migrantes.
El hecho de que continúen sucediendo tragedias como la de Olivas García pone de manifiesto la necesidad urgente de replantear las políticas migratorias en el país. La falta de acción efectiva por parte del Gobierno Federal frente a estos incidentes crea un terreno fértil para el escepticismo y el descontento social, en un momento en el que la presión migratoria es palpable en varias regiones del país.
Es un tema que toca fibras sensibles, no solo por lo que representa en terreno humano, sino también por su implicación en la estabilidad política y social de la región.
El mensaje de la diputada Contreras es claro: la protección de los trabajadores debe ser prioritaria y es responsabilidad del gobierno tomar las riendas de una situación que ha cruzado numerosas líneas éticas. La indignación ante estos hechos refleja un llamado a la acción que resuena no sólo en el ámbito político, sino también en la conciencia colectiva de una sociedad que anhela un trato dignificante para todos los individuos, sean migrantes o trabajadores del INM.
En resumen, la repercusión de lo sucedido se extiende más allá de lo inmediato y plantea preguntas urgentes sobre el futuro de la migración y la protección de los derechos humanos en el contexto mexicano.
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