Ciudad Juárez, Chih. – El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo García Delgado, informó que el entramado de corrupción utilizado por el gobierno anterior, involucró 23 esquemas agresivos de evasión fiscal y/o desvío de recursos, así como a 365 contribuyentes, de los cuales 127 eran proveedores directos y 238 proveedores de proveedores.
Durante la presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, en el Teatro “Víctor Hugo Rascón Banda”, del Centro Cultural Paso del Norte, en Juárez, el funcionario estatal dijo que desde el inicio de la Administración se detectaron e investigaron esquemas de evasión fiscal y desvío de recursos.
A la fecha, han emitido 48 créditos fiscales por un monto de mil 685 mdp y se tienen 17 créditos fiscales por emitir por la cantidad de 261 mdp, lo que, más actualizaciones y recargos que se presenten, brinda una expectativa máxima de cobro por mil 946 millones de pesos.
Esta cantidad se sumaría a los 319 millones 777 mil 482 pesos, que ya han sido recuperados y que son resultado tangible de que es un éxito trabajar con estos esquemas, señaló Juan Pablo García Delgado.
Precisó que tan solo, del 4 de octubre cuando se hizo la presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua en la capital del estado, a la fecha, se recuperaron 12 millones 646 mil pesos adicionales.
El subsecretario de Hacienda dio a conocer que se embargaron y bloquearon 247 vehículos por un monto de 79 mdp; cuentas bancarias por 165 mdp y por cobrar acciones de 26 empresas con un valor de 17 millones; así como ocho marcas comerciales, maquinaria y equipo por otros 10 mdp, para un embargo total de créditos fiscales con bienes que suman 528.9 mdp.
Juan Pablo García Delgado explicó que en este trabajo se recorrieron caminos nunca antes explotados por las entidades federativas, como la realización de compulsas fiscales internacionales con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la colaboración de la autoridad fiscal federal en México.
De esta manera, Chihuahua se convirtió en el primer estado con acceso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como parte de estas indagatorias.
Manifestó que de los casos investigados sobresalen un simulacro de impartición de cursos por más de 150 mdp, así como la venta de software por más de 20 mdp, ambos casos en los que nunca existieron esos bienes o servicios prestados.
Explicó que para detectar esos esquemas de corrupción se desarrollaron siete pasos:
– Elaboración del perfil del contribuyente y documentarlo.
– Graficar esquemas de evasión fiscal, redes y vínculos
– Detectar beneficiarios reales siguiendo la ruta de los recursos
– Iniciar facultades de comprobación EDO (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas) e integración de expedientes EFO (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas)
– Determinación de créditos fiscales.
– Defensa jurídica integral.
– Procedimientos administrativos de ejecución.
Una vez desarrollados los primeros pasos, se detectaron 23 esquemas agresivos de evasión fiscal lo que representa un total de 365 contribuyentes involucrados con operaciones con el Gobierno del Estado.
De ese total, 127 eran proveedores directos de primer nivel del Gobierno y 238 que fueron proveedores de proveedores de Gobierno, es decir de segundo, tercero y cuarto nivel, a fin de no ser detectados.
Mencionó que una empresa que se constituyó en 2012, para el 2015 era el segundo proveedor más importante del Gobierno, solo detrás de los proveedores que construyeron la Ciudad Judicial, “es decir, de manera absurda logró incrementar las ventas y facturó 3 mil 700 mdp”.
Dicha empresa ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en calidad de empresa fantasma.
Expuso que a la fecha se publicaron en el DOF, 113 empresas fantasmas de las cuales, 103 realizaron a través de 38 proveedores, una facturación de primer nivel por 755 millones de pesos sin temor a ser detectadas y además, implicados en una evasión fiscal federal por 5 mil 522 millones de pesos. Además, 75 proveedores de proveedores tuvieron una facturación de 13 mil 866 millones de pesos.
El subsecretario de Ingresos de Hacienda, precisó que existen comunes denominadores de operación de 23 esquemas de corrupción, tales como: hacer operaciones en 22 entidades federativas y algunas que incluso hicieron transferencias internacionales. De ese total, el 72 por ciento (%) tiene su domicilio en Chihuahua y el resto en el interior de la República.
Además, el 42% comparten domicilio, socios o representantes legales; el 16% fueron liquidadas o suspendidas después de ser utilizadas y el 74% no contaban con activos empleados o capacidad para realizar las operaciones, e incluso algunas no son localizadas en su domicilio que reportan como fiscal.
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