Poder Ejecutivo de Chihuahua busca limitar participación ciudadana en revocación de mandato.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El pasado viernes 23 de agosto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, junto con su partido el PAN, llevó a cabo una maniobra legislativa que ha generado polémica y controversia en la entidad.
Se trata de una reforma a la revocación de mandato y la ley de participación ciudadana que, según críticos, busca limitar la posibilidad de que la ciudadanía pueda exigir la destitución de un gobernante a través de la recolección de firmas.
Durante la discusión de esta propuesta en el Congreso local, se vivieron momentos de tensión cuando ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana fueron impedidos de participar en la sesión, alegando “falta de espacio”.
Esto generó un ambiente de exclusión y opacidad en un tema de vital importancia para la democracia y la participación ciudadana en el estado.
El aumento de los porcentajes requeridos para solicitar la revocación de mandato ha generado gran controversia, ya que ahora se exige un 10% de firmas de la lista nominal, lo que representa una cifra considerablemente alta teniendo en cuenta los votos obtenidos por la gobernadora en su elección.
Esta medida ha sido interpretada como un intento por parte de los partidos políticos en el poder de protegerse a sí mismos y limitar la capacidad de la ciudadanía de ejercer su derecho a la participación política.
La opacidad en la toma de decisiones y la falta de apertura al diálogo con la sociedad civil son elementos que han caracterizado este proceso legislativo, generando malestar entre la población y cuestionamientos sobre la legitimidad de las acciones tomadas por los representantes políticos.
La ciudadanía ha expresado su preocupación por el uso de recursos públicos en la construcción de edificios que no benefician a la población, así como por la falta de transparencia en la gestión de los asuntos públicos.
Ante esta situación, se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
La sociedad civil se encuentra movilizada y exigiendo que se respeten sus derechos y se escuchen sus demandas, en un contexto en el que la confianza en las instituciones se encuentra en entredicho.
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