El Congreso de Chihuahua reforma la Ley de Protección Civil para incluir a grupos vulnerables, buscando una respuesta más integral ante emergencias.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma significativa a la Ley de Protección Civil, enfocándose en la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.
En representación de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera subrayó la importancia de esta reforma como un paso hacia la armonización de la legislación local con estándares internacionales y nacionales, buscando integrar a las personas vulnerables dentro de los planes de acción de protección civil.
Esta iniciativa forma parte de un contexto más amplio en el que las políticas públicas comienzan a reconocer las necesidades específicas de diversas poblaciones, un cambio que se ha ido gestando progresivamente en la sociedad chihuahuense.
La diputada Contreras mencionó que la reforma fue producto de un proceso participativo que incluyó consultas en seis sedes: Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y H. Del Parral, donde se logró la participación de 144 personas con discapacidad. Este enfoque inclusivo es ejemplar en un contexto donde tradicionalmente se ha considerado a los grupos vulnerables de manera secundaria, y refleja un giro positivo hacia una mayor conciencia social en la elaboración y ejecución de políticas públicas.
La participación activa de las comunidades afectadas en la creación de leyes que les competen es un aspecto crucial para garantizar que las medidas diseñadas sean efectivas y pertinentes.
Entre los aspectos más destacados de la reforma, se encuentra la creación de un programa estatal de protección civil que dé prioridad a la identificación de riesgos que afectan a mujeres gestantes, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes. Además, se pretende fomentar una cultura de responsabilidad social desde la niñez, enfatizando la prevención y la autoprotección. Esta perspectiva de prevención es fundamental, puesto que la cultura de la protección civil debe ser inculcada desde las etapas más tempranas de la vida, lo que puede tener un impacto a largo plazo en la resiliencia de las comunidades.
La reforma introduce modificaciones en diversos artículos de la Ley de Protección Civil, enfatizando la integración de estrategias que prioricen la seguridad de los grupos vulnerables en situaciones de emergencia. Se establece que los planes de protección, tanto a nivel estatal como en programas internos de establecimientos públicos y privados, deben contemplar las características específicas de cada tipo de vulnerabilidad, buscando eliminar las barreras físicas y comunicativas que a menudo impiden una respuesta eficaz durante desastres. Este tipo de consideración detallada es fundamental en una de las regiones más amplias y diversas de México, donde las características geográficas y sociodemográficas pueden variar considerablemente.
El proceso legislativo también se nutrió de una serie de cambios profundamente necesarios en la forma en que las políticas públicas abordan las emergencias y desastres. La integración de perspectivas de género y de discapacidad en los planes de protección civil no solo responde a una exigencia legal, sino que también es un paso hacia el fortalecimiento de una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos.
Esta inclusión es especialmente relevante en el contexto de Chihuahua, donde la diversidad cultural y regional representa tanto un reto como una oportunidad para formular estrategias innovadoras que responden a las necesidades locales.
El siguiente desafío será asegurar la implementación eficaz de estas reformas, garantizando que las autoridades y los organismos responsables de la protección civil cuenten con las herramientas y la capacitación necesarias para llevar a cabo estas nuevas disposiciones.
Asimismo, será fundamental continuar fomentando la participación ciudadana en procesos de consulta y evaluación, consolidando un modelo de gobernanza más transparente y responsable. Estos esfuerzos son imprescindibles para avanzar hacia un futuro donde cada ciudadano pueda sentirse seguro y protegido, independientemente de su situación personal.
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