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    diciembre 16, 2024 | 12:40

    Reforman ley de desarrollo social en Chihuahua para mejorar la transparencia en programas estatales

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    El Congreso de Chihuahua reformó la Ley de Desarrollo Social, impulsando la transparencia en la publicación de programas y sus normas operativas.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El 16 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Chihuahua, donde los legisladores de la 68 Legislatura aprobaron una reforma a la Ley de Desarrollo Social y Humano. Esta modificación busca mejorar la transparencia y agilidad en la gestión de los programas sociales, una preocupación constante en un estado que enfrenta retos significativos en cuanto a desarrollo social y equidad.

    Con esta reforma, se establecerá una obligación para que tanto el Ejecutivo Estatal como los ayuntamientos publiquen, en el Periódico Oficial del Estado, las reglas de operación de los programas financiados con el presupuesto de egresos, así como la metodología, normatividad y calendarización de los mismos.

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    El artículo 31 de la ley reformada stipula que dicha publicación debe realizarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de los presupuestos de egresos. Esta medida se extiende tanto a los programas sociales recién creados como aquellos que han experimentado modificaciones en su diseño operativo. La importancia de esta provisión radica en que permitirá a la población conocer de manera anticipada cómo se estructuran y operan los programas que pueden afectar sus vidas. Sin embargo, se establece que, en ausencia de cambios sustantivos, las reglas de operación previamente publicadas seguirán en vigor.

    El diputado Guillermo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien es parte de la Comisión de Desarrollo Social, destacó que la reforma busca simplificar y modernizar los procesos administrativos relacionados con los programas sociales. Esto se traduce en la necesidad de evitar duplicidad de esfuerzos administrativos, permitiendo que los recursos se canalicen hacia actividades que generen un mayor impacto social. Este es un aspecto relevante en un contexto donde la eficiencia en la asignación y ejecución de recursos es fundamental para abordar las carencias y desigualdades presentes en el estado.

    La iniciativa que originó esta reforma fue presentada por los diputados Nancy Janeth Fías Frías e Ismael Pérez Pavía, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Este dato es significativo, dado que muestra un esfuerzo bipartidista en la búsqueda de consensos que respondan a las demandas de la ciudadanía por más transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. En un escenario donde la confianza en las instituciones gubernamentales a menudo se pone a prueba, la promulgación de esta reforma puede verse como un paso formal hacia el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

    La cultura política en Chihuahua ha estado marcada históricamente por el clientelismo y la falta de transparencia en los programas sociales, lo que ha contribuido a una percepción de ineficiencia y corrupción. Mejorar la transparencia de los programas es un beneficio clave que podría fomentar una mayor vigilancia por parte de la sociedad civil y, por ende, una mejor rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales y del estado. La reforma también podría ayudar a empoderar a las comunidades al brindarles acceso a información que les permita hacer un seguimiento de cómo se utilizan los recursos destinados a su desarrollo.

    Finalmente, es importante considerar que la efectividad de esta reforma no solo dependerá de su promulgación, sino también de la voluntad política para implementarla adecuadamente y de un ecosistema de vigilancia compuesto por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Solo así se podrá garantizar que los programas sociales cumplan su objetivo de mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, especialmente en un contexto donde las disparidades socioeconómicas son más evidentes y afectan en mayor medida a las comunidades más vulnerables del estado.

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