Chihuahua, Chih .- El efecto inmediato de una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de considerar al estado de Chihuahua como víctima en el caso del desfalco por 250 millones de pesos (mdp) a través de la Operación Safiro, es que se tendría que reabrir o por lo menos examinar, el no ejercicio de la acción penal ordenada por Elías Beltrán, entonces encargado de la PGR.

Recordó que la Operación Safiro no solo se dio en Chihuahua, sino en otras entidades del país e involucra un monto de alrededor de 3,500 a 3,800 mdp, así como a los más altos niveles del Gobierno anterior, incluido el mismo expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el mandatario estatal detalló cómo a través de la desaparecida PGR y de juzgados federales, se arrebató el caso al estado de Chihuahua para impedir que se llegara hasta esos niveles.

Indicó que se desplegó a lo largo de todo el proceso en Chihuahua, una serie de presiones, de intromisiones indebidas, “una inusitada presión de la Federación mediante argucias y componendas con varios jueces federales para arrebatarle a Chihuahua este asunto que finalmente lo lograron”.

Agregó: lo atrajo la Federación para luego desistirse de los 21 cargos imputados por instrucciones del entonces encargado de la Procuraduría General de la República, Elías Beltrán y luego dar pie al sobreseimiento que dictó y que decretó el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, diciendo que una vez que quedara firme el resolución debería entenderse como una exoneración absoluta”.

¿Por qué?, porque es uno de los temas que involucra a los más altos niveles del Gobierno anterior, incluido el mismo expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, insistió el gobernador Javier Corral.

Explicó que el efecto inmediato de una resolución favorable de la Corte sería ese: que se tendría que reabrir o por lo menos volver a examinar el no ejercicio de la acción penal ordenada por Elías Beltrán, entonces encargado de la PGR, sobre el caso de la Operación Safiro que no solo se dio en Chihuahua, sino en otras entidades del país e involucra un monto de alrededor de 3,500 a 3,800 millones de pesos.

También sería un antecedente para beneficiar a todo el país en la lucha contra la corrupción, “permitiría que las entidades federativas afectadas por delitos de corrupción puedan acudir directamente ante los tribunales a reclamar derechos y tener una intervención activa en cualquier procedimiento penal e incluso en juicios de amparo en su carácter de víctima”.

Agregó que hoy en día, el derecho a intervenir en los tribunales en casos penales por parte de los estados, se ve muy limitado y restringido, aún y cuando los estados son los principales interesados en que se sancione a los responsables y se repare integralmente el daño causado a los ciudadanos por hechos de corrupción.

Como ejemplo, citó lo que se vivió con mucha claridad en el caso de la Operación Safiro, donde los juzgados federales y de amparo limitaron totalmente la intervención del estado de Chihuahua, a pesar de que se afectó el patrimonio del estado con el desfalco de 250 millones de pesos.

“Nos negaron en diversas ocasiones la voz en las audiencias, otras veces nos impidieron interponer recursos e impugnaciones, incluso, el día en que la extinta PGR se desistió de la acción penal a favor de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, retirándole todos los cargos, 21 cargos y acusaciones por peculado agravado, el juez federal impidió que la representación jurídica del estado de Chihuahua pudiera oponerse a dicha actuación irregular con los argumentos que teníamos”, resaltó el mandatario.

De ahí pues, la trascendencia de este tema. El gobernador informó que afortunadamente, en el último tramo de su administración y una vez que llegó el nuevo Gobierno Federal, la Procuraduría Fiscal de la Federación a cargo del Dr. Carlos Romero Aranda, reconoció por oficio que el recurso (los 250 millones del desfalco) no es federal.

De igual manera, la actual Fiscalía General de la República, a cargo del Dr. Alejandro Gertz Manero, a través de una ministerio público, presentó dictamen que dice que el recurso no es federal y lo mandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Todas las autoridades federales reconocen que el recurso no es federal, que la víctima es el estado de Chihuahua”, expresó el gobernador Javier Corral.

Agregó: vamos a ver si la Corte considera importante o no, que los estados sean considerados víctimas en casos de saqueo y de desviación de recursos públicos en la resolución sobre el amparo en revisión 921/2019, a cargo del ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Será el próximo 25 de agosto cuando se discuta si se le reconoce a Chihuahua su calidad de víctima dentro del proceso penal en el que está involucrado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI y a quién se le atribuye planear y ejecutar, junto con César D.J. el desvío de 250 millones de pesos para financiar campañas del PRI a través de la simulación de 5 contrataciones públicas con empresas fantasmas.

“Nosotros estamos esperando una decisión favorable, porque es de trascendencia no solo para Chihuahua, en realidad lo sería para todo el país por el antecedente que puede sentar”, indicó.