Chihuahua, Chih .- El gobernador Javier Corral Jurado informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación difirió para este 25 de agosto, la resolución al amparo para considerar o no a Chihuahua como víctima en el caso del desfalco cometido por 250 millones de pesos (mdp) a través de la llamada Operación Safiro para financiar campañas del PRI.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal externó que confía en que será una resolución muy favorable para el país, luego de que reveló la existencia de dos comunicaciones oficiales de dependencias del Gobierno Federal, que confirman que la Secretaría de Hacienda renunció a su calidad de víctima para reclamar el desfalco y que por lo tanto, debe serle reconocida al estado de Chihuahua dicha calidad.

Antes, informó que fue el propio ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien pidió que se dejara en lista el asunto del amparo y se viera el próximo 25, lo que debió ser por el cúmulo de asuntos a tratar.

El gobernador reiteró que se espera una resolución favorable al amparo que presentó la Secretaría de Hacienda del Estado, para que a Chihuahua se le reconozca su calidad de víctima en el caso conocido como Operación Safiro, consistente en el desvío de 250 mdp que fueron a parar a las campañas del PR.

Recordó que la Fiscalía General del Estado documentó de una manera muy consistente y sólida, en una de las investigaciones más robustas, técnicamente más contundentes que se hayan hecho en todo el país, el modus operandi de la desviación de recursos públicos a campañas políticas.

Obviamente, señaló, la decisión que tome la Corte, tendrá importancia para todo México, no nada más para el caso de Chihuahua.

Agregó que en el caso concreto de Chihuahua, una resolución favorable de los ministros de esta Sala, significaría volver a examinar el no ejercicio de la acción penal que decretó la entonces PGR, con Elías Beltrán como encargado del despacho, es decir, podría reabrir la investigación.

Sin embargo, la mayor importancia, es que permitirá que las entidades federativas afectadas por delitos de corrupción, puedan acudir directamente a los tribunales a reclamar derechos y tener una intervención activa en cualquier procedimiento penal, incluso en juicios de amparo, en su carácter de víctima.

Señaló que hoy en día, es muy importante decirlo, el derecho a intervenir en los tribunales en casos penales por parte de los estados, se ve muy limitado y restringido, aun cuando son las entidades federativas las principales interesados en que se sancione a los responsables de delitos de corrupción y a que se repare integralmente el daño que se causa a sus ciudadanos por hechos de corrupción.

“Porque cuando se afecta el patrimonio de una entidad o de un Gobierno estatal, en realidad se está afectando el patrimonio de las y los ciudadanos, por eso es tan importante está resolución”, insistió Corral.

Explicó que esta situación se vio en el caso conocido como la Operación Safiro, con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en el cual, los juzgados federales y de amparo limitaron la intervención del estado de Chihuahua, “a pesar de que fuimos nosotros los que resultamos víctimas del desfalco de 250 mdp de pesos que se sacaron a través de una triangulación con empresas fantasmas”.

A nosotros, abundó, nos negaron en diversas ocasiones incluso la voz en las audiencias, otras veces nos impidieron interponer recurso e impugnaciones.

Incluso, relató, “el día en que la extinta PGR a través de Elías Beltrán, se desistió de la acción penal a favor de Alejandro Gutiérrez –a quien le retiraron los cargos de peculado agravado- en esa audiencia, el juez federal impidió que la representación jurídica del estado de Chihuahua pudiera oponerse a dicha actuación a todas luces ilegal, irregular y esto es lo que le permitió a Alejandro Gutiérrez, resultar absuelto sin oposición, sin problema alguno, antes de un juicio”.

De hecho, señaló el mandatario, esto es lo que motivó que hoy la SCJN, a través de su Primera Sala, esté discutiendo el reconocimiento o no a las entidades federativas como víctimas en delitos de corrupción y su participación plena y efectiva en los procedimientos judiciales.

“En síntesis, podría decir que este caso, este asunto tan relevante en la Corte, por un lado permitiría reabrir uno de los casos más sólidos y contundentes que hay en México en materia de investigación, de corrupción política y que llega a los más altos niveles de la política del anterior sexenio, del anterior Gobierno Federal, pero por otro lado puede generar un antecedente muy importante para la lucha contra la corrupción y la impunidad en todo el país”, detalló.

Consideró que es muy importante este tema que se coloca en la opinión pública nacional y de hecho, hay muchos sectores y grupos que en las últimas horas se han comunicado para conocer todos los argumentos que presentó Chihuahua, porque hay un interés nacional y porque hay muchos asuntos alrededor de esta resolución.

Al respecto, recordó que por esta misma investigación, el expresidente Peña Nieto antes de irse, faltándo unas semanas, presentó una demanda de Controversia Constitucional en contra del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía de Chihuahua, siendo ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, quien admitió y concedió prácticamente todos los efectos de suspensión que le pedía Peña y exhortaba a que prácticamente se detuvieran las investigaciones.

Efectos, señaló, que se combatieron mediante un recurso ante la Corte que conoció precisamente la Primera Sala dónde estaba el propio Medina Mora y la nueva Sala revirtió tanto los efectos de suspensión, como el voto del propio exministro Medina Mora, quien antes no sólo la había admitido, sino había decretado prácticamente paralizar todo tipo de investigaciones en torno del caso de Alejandro Gutiérrez, porque “así con esa claridad lo decía Peña en su demanda de Controversia Constitucional”.

Agregó: esa Controversia Constitucional no se ha resuelto en el fondo, ya que pasó de la ponencia de Medina Mora al ministro que hoy es ponente del amparo de Chihuahua, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que es quien iba a exponer su propuesta de resolución el día 18.

Además, recordó también, hay otro asunto relacionado con este tema, como son las dos denuncias que se presentaron, una ante el Órgano de Control de la Fiscalía General de la República, en contra de Elías Beltrán y varios de los que participaron en la decisión de desistimiento y sobreseimiento de la causa penal en contra de Alejandro Gutiérrez.

Reveló Javier Corral que esa investigación se está llevando a cabo, es decir, aún está en curso.

La otra es una denuncia en la propia Fiscalía por ordenar el sobreseimiento, en ella se aduce la comisión de delitos en contra de la administración de justicia por parte de los servidores públicos: Alberto Elías Beltrán, Gilberto Higuera Bernal, Armando del Río Leal, así como de Grisel Esmeralda Navarro González, Anaí Estrada Sánchez y Diana Lorena Esteban Salinas, estas últimas ministerios públicos que se desistieron de todos los cargos, “21 cargos con un arsenal de pruebas que teníamos, se desistieron y se sobreseyó”.

Explicó que cuando se sobreseyó, se presentaron los amparos, los cuales fueron caminando en distintas instancias al igual que los de la defensa de Gutiérrez y otros involucrados, los cuales escalaron hasta los tribunales colegiados, incluso generando criterios diversos, por lo que la Corte atrajo el asunto para conocerlo directamente.

La Corte atrajo todos los amparos y ahora lo que estamos observando es eso, un amparo en revisión, por considerarlo relevante para el Orden Jurídico Constitucional en México.

La Primera Sala es presidida por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien sustituyó a Medina Mora y están también los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ponente del amparo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández, fuera la ponente de la atracción, así como Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“Estamos esperando la discusión y por supuesto, les puedo decir que de entrada esperaríamos que al ser esta misma Sala la que atrajo, pudiera esperarse que hubiera una resolución favorable al sentido del amparo que presentó Chihuahua”, insistió.

Por otra parte, el gobernador informó que la Procuraduría Fiscal Federal reconoció por oficio, que el recurso (los 250 mdp) no es federal, luego de que la actual Fiscalía General de la República, a través de una agente del Ministerio Público, presentó un dictamen que dice que el recurso no es federal y lo mandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, todas las autoridades federales actuales reconocen que el recurso no es federal.

Posteriormente, mostró a los medios de comunicación, un documento que considera muy importante para este caso, ya que hasta en el propio Gobierno de Peña Nieto, se reconoció que el recurso no era federal, que el Gobierno de la República no era víctima y no se consideró ofendido.

El oficio, informó, lo recibió el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Jorge Alberto Espinoza Cortés, el 18 de septiembre del 2018, es decir, dos meses y medio antes de que se fuera Peña Nieto.

Obviamente, dijo, el oficio empieza haciendo referencia a la discusión, de que Chihuahua le pidió a la SHCP, que como se había sobreseído el caso de Alejandro Gutiérrez, que impugnara la resolución, toda vez que si el estado de Chihuahua no era la víctima u ofendido, pues lo era entonces el Gobierno Federal.

En el oficio de respuesta a esa solicitud, se encuentra un dato que el gobernador Corral calificó como “oro molido” en la discusión, el cual es el siguiente: En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo pueden promover recurso de apelación aquellas personas dentro del proceso que cuenten con legitimación dentro del mismo, entendiéndose por sujetos legitimados la Fiscalía, la víctima u ofendida del delito o el imputado y su defensor.

En el caso en particular, -prosigue- esta Secretaría no cuenta con la calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal para apelar dicha resolución, en razón de que los hechos investigados por la Procuraduría no causan ningún agravio o perjuicio a la Secretaría, porque los recursos presuntamente desviados no forman parte de su patrimonio, conforme lo dispuesto por el Artículo 23, fracción primera, inciso c, subinciso 3, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, situación que fue hecha del conocimiento de la Procuraduría través de oficio presentado el 10 de agosto de 2018.

Al respecto, el gobernador Javier Corral señaló que “entonces, si la Federación no es víctima ni ofendida, lo que está reconociendo es que sí lo es el estado de Chihuahua y quien firmó este documento es el licenciado Flavio Carlos Valadez, director general de la SHCP, por eso estamos convencidos de que puede favorecerse esta resolución”.

Constituirá, no hay duda de ello, un gran precedente para todo el país, concluyó.