El diputado Gustavo de la Rosa indica que buscarán otras instancias nacionales e internacionales al tratarse de un caso de violación de derechos humanos a las comunidades indígenas.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Las y los legisladores del PRI y del PAN votaron en contra de la urgencia para enviar un exhorto que presentó la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, dirigido a la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, para atender la exigencia de comunidades y organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios para destituir al titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi).
Ante el hecho, la solicitud fue direccionada a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Desde su designación en el cargo, Enrique Alonso Rascón Carrillo generó molestia y afectación directa a los intereses del pueblo rarámuri, lo que derivó en exigencias directas al gobierno estatal para su destitución, explicaron los diputados de Morena.
El legislador, Gustavo de la Rosa Hickerson, indicó que este hecho resulta una violación a los derechos humanos de los pueblos originarios y a la comunidad rarámuri, que es la directamente afectada por el despojo de sus tierras, por lo que acudirán a instancias nacionales e internacional para llevar el caso.
Ortega Máynez explicó que, en atención y razón a los derechos y legislación local, nacional e internacional, las comunidades indígenas luchan por su reivindicación y participan en las disputas políticas y jurídicas en contra de aquellos que afectan sus derechos, por lo que debe atenderse su demanda, que se sostiene de forma legítima.
Expuso que este nombramiento despertó inquietudes en la población indígena porque el perfil del titular no es el idóneo, aunque sin poner en duda su formación profesional.
Es obvio, dijo, que está alejado del interés de las comunidades; sin embargo, más grave es el conflicto de interés que representa ser diputado suplente de Omar Bazán Flores, quien actualmente tiene una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, en la zona serrana del municipio Urique, motivada por intereses inmobiliarios.
El legislador priísta denunció a la comunidad de Mogótavo por despojo y, aunque la comunidad ha alegado en reiteradas ocasiones su posesión ancestral, quienes lo representan legalmente objetaron en los últimos años la personalidad de la comunidad indígena, la existencia de la misma y alegaron que son despojados de sus derechos como propietarios.
Ortega Máynez reconoció que la designación de los miembros del gabinete es facultad exclusiva del o la titular de Poder Ejecutivo, pero en atención a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos indígenas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les afectan directamente.
“Es necesario que el nombramiento sea sometido a consulta a los integrantes de los pueblos originarios o, por lo menos, se establezca un diálogo que logre investir de legitimidad a quien sea titular de la COEPI, para así garantizar que los actos del Gobierno del Estado se realicen en beneficio de las comunidades originarias”, declaró.
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