Participa César Amín Anchondo Álvarez en panel “Mapeando la Corrupción en obras públicas”, donde se presentaron resultados del uso de la herramienta facilitada por el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO
Chihuahua, Chih. – Sí se puede reivindicar el servicio público, construir espacios y que los servicios que da el Gobierno, sean de excelencia y realmente dignifiquen tanto la vida pública como a las instituciones, señaló el síndico municipal de Chihuahua, César Amín Anchondo Álvarez.
En una investigación coordinada entre el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Sindicatura de Chihuahua sobre compras que efectuó el Gobierno Municipal durante 2018 y 2019, se desglosó información de 1,932 contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.
Al participar en la mesa panel “Mapeando la Corrupción en obras públicas” dentro del Encuentro Nacional Anticorrupción 2020 que se desarrolla en Museo Casa Chihuahua, Amín Anchondo, informó que el monto total revisado asciende a 1,690 millones 688 mil 901 pesos, de los rubros de contrato, adquisiciones, obras públicas, empresas o personas físicas proveedoras de productos y servicios.
De los 1,932 contratos revisados, 1,645 corresponden a adquisiciones y 287 a obras públicas.
En esos contratos de obra pública y adquisiciones participaron 689 personas empresas o personas físicas proveedores de productos y servicios.
El síndico compartió algunos estudios de caso.
Dijo que en la adquisición de chalecos balísticos por un monto de un millón 087 mil 317.64 pesos, el prospecto ganador presentó un presupuesto exactamente igual al techo presupuestal, considerado por el municipio, incluyendo pesos y centavos, mientras que los otros dos sobrepasaron el techo presupuestal, lo que presentó un riesgo de colusión y de concurso dirigido.
Agregó que en el caso de las turboglorietas de la Avenida Pacheco, la licitación era por 24 millones 381 mil 195.43 pesos, sin embargo se amplió el contrato a la empresa ganadora hasta los 43 millones 166 mil 279.58 pesos, lo que equivale a un 77% más del presupuesto inicial.
La ampliación requería la aprobación de la Secretaría de la Función Pública, ya que la obra contaba con recurso de la federación, señaló el síndico.
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