El Congreso de Chihuahua impulsa acciones para asegurar el abastecimiento de agua y fiscalizar tarifas, en un contexto de creciente preocupación hídrica y agrícola.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su 68 Legislatura, aprobó un dictamen que busca abordar la problemática del abastecimiento de agua en la región. Este acuerdo, promovido por el diputado Arturo Zubía Fernández, del Partido Acción Nacional (PAN), establece la creación de una mesa de trabajo que involucrará a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y diversas autoridades federales, estatales y municipales.
El objetivo central de esta iniciativa es garantizar el acceso al agua potable, eliminar la sobreexplotación de los cuerpos hídricos y evaluar la viabilidad estructural de la Presa La Boquilla, un recurso crucial para la región.
Pese al contexto de abundancia de recursos hidrológicos que caracteriza a Chihuahua, la realidad es que la crisis hídrica se ha vuelto una constante que afecta tanto la vida cotidiana de sus habitantes como la actividad económica, principalmente en sectores agrícolas, ganaderos y frutales.
La respuesta del legislador señala la necesidad de establecer un diálogo abierto con organizaciones que representan a estos sectores, lo que podría ser un paso vital hacia la creación de políticas públicas efectivas. Se espera que esta mesa de trabajo no solo discuta los problemas existentes, sino que también formule soluciones concretas para el manejo sostenible del agua en la cuenca del Río Conchos, vital para el estado.
Además de estas acciones, se aprobó un dictamen de manera unánime que busca verificar el cumplimiento de las normas respecto a las tarifas del agua. Propuesto por el diputado Pedro Torres Estrada, del partido MORENA, este dictamen implica la revisión de las actas tarifarias por parte de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, abarcando también a 35 ayuntamientos en Chihuahua.
Así como en el caso de la mesa de trabajo, se pone de relieve la importancia de garantizar que los costos del servicio de agua no superen los índices de inflación, aspecto que se vincula directamente con el derecho al agua que estipula la Constitución Política del Estado.
El Artículo 4 de la Constitución del Estado de Chihuahua establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Este derecho debe ser asegurado sin distinción, y es aquí donde las decisiones del Legislativo cobran especial relevancia, considerando la creciente preocupación por el trato equitativo a los recursos hídricos en un contexto donde la desigualdad social puede acentuar la crisis hídrica.
Las implicaciones de la sobreexplotación de fuentes de agua afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, que a menudo carecen de acceso a fuentes de abastecimiento confiables y limpias.
En un estado como Chihuahua, donde aproximadamente el 90% de su superficie es desértica y semiárida, la gestión del agua se convierte en un asunto de prioridad no solo para garantizar la subsistencia, sino también para fomentar el desarrollo económico y social. Las iniciativas legislativas que buscan aunar esfuerzos interinstitucionales reflejan una comprensión más amplia de la complejidad del tema, que va más allá de la oferta y demanda de agua, e involucra aspectos de dignidad humana, salud pública y sostenibilidad ambiental.
La colaboración entre el gobierno estatal y federal, así como la inclusión de la sociedad civil en las decisiones sobre el manejo del agua, representará un cambio necesario para enfrentar la crisis hídrica en Chihuahua.
La creación de mesas de diálogo para fomentar la participación activa de todos los actores involucrados muestra un avance en la búsqueda de soluciones inclusivas y concertadas. Sin embargo, será fundamental que estos esfuerzos se traduzcan en acciones concretas que realmente aborden la problemática de la escasez de agua, asegurando así un futuro más sostenible para las generaciones venideras.
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