Un juez de control ha vinculado a proceso a Juan Pedro Santa Rosa, exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte, por un presunto desfalco de más de medio millón de pesos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un reciente comunicado emitido por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH), se ha informado que Juan Pedro Santa Rosa, quien fungiera como director del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) durante la pasada administración, ha sido vinculado a proceso por un juez de control. Este hecho marca un punto crítico en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones estatales, poniendo de manifiesto la importancia de la transparencia y la integridad en el manejo de fondos públicos.
El exfuncionario es acusado de peculado agravado, específicamente por un presunto desfalco que supera el medio millón de pesos en el año 2021. Según las investigaciones, durante su gestión en el ICHD, Santa Rosa habría desviado fondos públicos hacia una empresa de la cual era socio, denominada LBE Chihuahua S.A.P.I de C.V., lo que constituye una clara violación a los principios de honestidad y responsabilidad que deben regir la conducta de los servidores públicos.
La Fiscalía Anticorrupción ha detallado que el proceso de investigación fue iniciado tras una denuncia presentada por el diputado Omar Bazán durante la Sexagésima Sexta Legislatura, lo que eventualmente llevó a la revelación de irregularidades cometidas en el año 2021. Este caso subraya la relevancia de la vigilancia y la denuncia ciudadana como herramientas fundamentales en el combate a la corrupción.
Para profundizar en la investigación, el juez ha establecido un periodo de seis meses durante el cual se recolectarán más pruebas antes de proceder con la audiencia intermedia. Este tiempo permitirá a las autoridades realizar indagatorias adicionales para fortalecer el caso contra el exdirector del ICHD y asegurar que se aplique la justicia de manera imparcial y conforme a derecho.
Abelardo Valenzuela, fiscal Anticorrupción del Estado, ha reafirmado el compromiso de la Fiscalía con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los Derechos Humanos. “Nuestra convicción es que todo se realice conforme a derecho y nada al margen de la ley. No permitiremos que prevalezca la impunidad y trabajaremos incansablemente para hacer justicia ante cualquier conducta desviada de un servidor público, sin importar quién sea”, aseguró Valenzuela.
Este caso destaca no solo por su importancia en la lucha contra la corrupción, sino también por el mensaje claro que envía a la sociedad y a otros servidores públicos: la corrupción no tendrá cabida en el Estado de Chihuahua, y aquellos que falten a su deber enfrentarán las consecuencias de sus actos.
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