Los encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México han alcanzado su nivel más bajo en cuatro años, pero a días de las , en las que la inmigración es un tema clave, los migrantes siguen llegando a México.

Aunque las autoridades estadounidenses dan gran parte del crédito a sus contrapartes mexicanas por compartida, el crimen organizado mantiene un control más estricto de quién se muda aquí que el puñado de agentes federales y miembros de la Guardia Nacional que se encuentran junto al río.

Los migrantes secuestrados que pagan el rescate de 100 dólares por su liberación reciben un sello que indica que han pagado. De enero a agosto, sólo en este rincón más al sur de México, más de 150.000 migrantes fueron interceptados por agentes de inmigración, considerados una fracción del flujo.

Seis familias de migrantes entrevistadas por The Associated Press, que habían pasado por un secuestro inicial y fueron retenidas hasta que pagaron, explicaron cómo funciona. Un funcionario federal mexicano corroboró gran parte de ello. Todos pidieron el anonimato por temor a represalias.

Los agentes de inmigración mexicanos encontraron a 925.000 inmigrantes indocumentados hasta agosto de este año, muy por encima del total anual del año pasado y el triple del total de 2021. Sin embargo, solo han deportado a 16.500, una fracción de los años anteriores.

El reverendo Heyman Vázquez, un sacerdote de Ciudad Hidalgo a lo largo del río Suchiate que divide a México y Guatemala, lo ve a diario.

“Son ellos (el cártel) los que dicen quién pasa y quién no”, dijo Vázquez. “La cantidad de migrantes que se llevan todos los días es grande y lo hacen frente a las autoridades”.

Pagar para seguir hacia el norte

El lunes por la mañana, Luis Alonso Valle, un hondureño de 43 años que viajaba con su esposa y dos hijos, se bajó de una balsa atada con cámaras de aire de camión y tablas que los había llevado a través del Suchiate hacia México.

No habían recorrido ni 50 metros hacia Ciudad Hidalgo cuando tres hombres se acercaron en una motocicleta para decirles que no podían seguir caminando. Luego, al ver a los periodistas, se fueron. La familia parecía asustada.

En la plaza central de Ciudad Hidalgo, Valle pidió una camioneta que pudiera llevarlos los 37 kilómetros (23 millas) hasta Tapachula, considerado el principal punto de entrada al sur de México. Al subir a bordo, el conductor pidió en un susurro que los periodistas dejaran de grabar. “Ellos (el crimen organizado) me van a detener”, dijo.

Así es como suelen llegar los migrantes al rancho. Los taxistas o los conductores de camionetas que trabajan para el cártel los llevan allí y los entregan. Se ven obligados a dormir en el suelo.

“Había más de 500 personas allí, algunas llevaban 10, 15 días”, dijo una mujer venezolana que fue liberada el domingo con su esposo y dos hijos. “El que no tiene dinero se queda y el que decide pagar se va”, dijo.

Un panadero ecuatoriano de 28 años fue escoltado a un banco para retirar dinero para liberarse a sí mismo, a su esposa, a su hija y a otros cuatro familiares. Su familia fue retenida como seguro hasta que él regresara.

Hombres armados detienen camionetas y taxis que se dirigen a Tapachula y revisan si tienen los sellos. A los que no los tienen los envían de regreso. Los migrantes dijeron que una vez que llegaron a Tapachula les dijeron que se los lavaran para evitar problemas con otras pandillas.

Según la organización no gubernamental Fray Matías de Córdova en Tapachula, al menos una tercera parte de los cientos de migrantes que han atendido este año llegaron con sellos. El director Enrique Vidal Olascoaga dijo que quienes no pueden pagar suelen ser agredidos sexualmente.

Ninguna de las familias entrevistadas por AP dijo haber sido lastimada.

El funcionario con conocimiento de las declaraciones de los migrantes a los investigadores dijo que más de 100 migrantes liberados por las fuerzas de seguridad en Ciudad Hidalgo en septiembre, así como un grupo de varias docenas de migrantes que fueron baleados por soldados el 1 de octubre, habían pasado por escenarios similares de secuestro y extorsión.

Frontera controlada por los cárteles

El estricto control del crimen organizado en la frontera sur de México coincide con la creciente violencia generada por la lucha entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El estado de Chiapas es solo uno de sus campos de batalla, pero es clave para controlar las rutas de contrabando de personas, drogas y armas desde Centroamérica.

Los migrantes se han convertido en la mercancía más lucrativa, según los expertos.

La presencia cada vez más agresiva de los cárteles se está convirtiendo en un obstáculo para las organizaciones que intentan ayudar a los migrantes. A principios de este mes, hombres armados mataron a un sacerdote católico en Chiapas. Y Vidal dijo que a veces los grupos impiden que los migrantes reciban ayuda humanitaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el gobierno está lidiando con la violencia, pero se niega a enfrentar a los cárteles.

Parece mantener las tácticas que comenzaron bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer circular a los migrantes del norte de regreso al sur agotando sus recursos y manteniéndolos lejos de la frontera con Estados Unidos, exponiéndolos a más secuestros y extorsiones.

El alcalde de Ciudad Hidalgo, Elmer Vázquez, afirmó no saber nada sobre las casas de seguridad para migrantes que operan en la zona y dijo que su ciudad siempre cuida a los migrantes.

Pero el reverendo Vázquez (sin relación con el alcalde), quien ha pasado dos décadas defendiendo a los migrantes, dijo que la Procuraduría, la Guardia Nacional y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Migrantes no hacen nada incluso cuando se denuncian los delitos.

“Están coludidos con el crimen organizado y, por supuesto, hacen que parezca que están haciendo su trabajo”, dijo.

Carrera contra el tiempo

En agosto, el gobierno de Estados Unidos amplió el acceso a CBP One, un portal en línea utilizado para programar citas para solicitar asilo en la frontera sur de Chiapas. México solicitó la medida para aliviar la presión que sentían los migrantes para viajar al norte y conseguir una cita.

El gobierno mexicano siguió abriendo “corredores de movilidad” para ayudar a los migrantes con citas en CBP One a viajar de manera segura desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos.

Las citas son sólo un primer paso, pero a la mayoría de los solicitantes se les permite esperar el largo proceso desde el interior de Estados Unidos.

Pero del 9 de septiembre al 11 de octubre, el Instituto Nacional de Migración de México dijo que había transportado sólo a 846 migrantes de Tapachula a la frontera norte. Otros que viajaban solos han contado que fueron extorsionados por las autoridades mexicanas y secuestrados -de nuevo- por los cárteles cerca de la frontera norte, lo que los obligó a faltar a sus citas.

Donald Trump ha dicho que eliminaría la CBP One y cerraría otras rutas legales para ingresar a Estados Unidos.

El martes en Tapachula, cientos de migrantes con citas confirmadas en la CBP One esperaban afuera de las oficinas de la agencia de inmigración mexicana para obtener los permisos que les permitirían viajar al norte.

Jeyson Uqueli, un hondureño de 28 años, había dormido afuera de la oficina para asegurarse de ser el primero en la fila cuando abriera. Viajaba solo, pero planeaba reunirse con su hermana en Nueva Orleans.

Para tener alguna posibilidad de hacerlo, tendría que llegar a la frontera entre Brownsville, Texas y Matamoros, México, antes del 6 de noviembre para su cita en CBP One. Planeaba volar desde Tapachula a la ciudad norteña de Monterrey y luego tomar un autobús a Matamoros.

Estaba nervioso por llegar a tiempo, pero aliviado de tener la cita, “porque Donald Trump va a venir y deshacerse de (ellos)”, dijo.