López Obrador ya ha expresado sus diferencias con la ministra al sostener que con su llegada al máximo tribunal “desgraciadamente” no sería posible una reforma del Poder Judicial.
Ciudad de México (VOA) – El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionó el miércoles a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia por defender la autonomía de los jueces y afirmó que luego de su llegada al cargo, a inicios de año, se desató “una ola de decisiones a favor de presuntos delincuentes”.
En una velada amenaza a la separación de poderes, López Obrador reiteró sus críticas al Poder Judicial y manifestó sus diferencias con la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, quien abogó el mes pasado por la independencia judicial.
El mandatario ya ha atacado a las agencias reguladoras independientes y cortado fondos al Instituto Nacional Electoral, lo que ha desatado un intenso debate en el país y cuestionamientos de los medios, que se han convertido en un blanco en sus conferencias matutinas, y más recientemente del Departamento de Estado estadounidense.
“Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.
López Obrador criticó con dureza al Consejo de la Judicatura Federal al que llamó “florero” por no ejercer su función de investigar a los jueces y afirmó que durante la gestión del ministro Arturo Zaldívar, quien antecedió a Piña en la presidencia de la Suprema Corte, “había un poquito más de vigilancia hacia los jueces”.
Sergio Méndez, abogado de la organización civil Fundación para la Justicia, que defiende el Estado de Derecho y apoya a las víctimas de violaciones de derechos humanos, consideró “equivocado” el pronunciamiento del gobernante y afirmó que sus señalamientos se pueden asumir como una “forma de presión al Poder Judicial” que afecta su independencia.
“Hay que canalizar las inconformidades de manera institucional”, dijo Méndez al plantear que es delicado que el presidente generalice con declaraciones “vagas” y agregó que se debería hacer un análisis cuidadoso para saber lo que llevó a un juez a decidir en determinado caso y evaluar la actuación de la Fiscalía, porque en ocasiones hay fallas en la formulación de las acusaciones y en las pruebas.
En enero, pocos días después de que Piña se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Suprema Corte, López Obrador expresó sus primeras discrepancias con la ministra al sostener que con su llegada al máximo tribunal “desgraciadamente” no sería posible una reforma del Poder Judicial y que ella “siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”.
La Suprema Corte de Justicia de México se ha visto golpeada en los últimos meses por el escándalo que se generó tras la denuncia del supuesto plagio de la tesis de licenciatura que habría realizado la ministra Yasmín Esquivel, señalada como cercana a López Obrador y que se postuló para dirigir el máximo tribunal.
Un comité de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) de México determinó en enero que la tesis de Esquivel de 1987 fue una “copia sustancial” de otra que se presentó en 1986, pero el centro de estudios indicó que no tenía normas que le permitieran retirarle el título o la cédula profesional. Tras ese pronunciamiento la UNAM dejó el caso de la ministra en manos de un Comité de Ética para considerar posibles nuevas acciones.
Un juzgado de la capital mexicana acordó la víspera una medida cautelar de “suspensión definitiva” que impide al Comité de Ética de la UNAM emitir una resolución sobre el caso de Esquivel hasta que se resuelva el amparo que solicitó la ministra.
Recientemente, una investigación del diario El País reveló que la ministra habría plagiado también su tesis de doctorado, pero la universidad donde obtuvo ese título descartó investigar la denuncia.
En 2021 López Obrador impulsó una reforma del Poder Judicial que ampliaba por dos años el mandato de Zaldívar y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, pero el cambio no prosperó debido a que fue declarado inconstitucional por la propia Suprema Corte.
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