Expertos aseguran que la demanda civil de México contra fabricantes de armas estadounidenses podría ser el inicio de un precedente para que víctimas de violencia armada en y fuera de EE.UU. puedan demandar en tribunales norteamericanos.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El pasado 22 de enero, el Gobierno de México recibió una noticia de gran importancia para el país. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez de desestimar una demanda presentada por el Gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses.
Este fallo histórico, que todavía puede ser apelado por las armerías, confirma que cualquier país puede demandar a fabricantes de armas estadounidenses ante una corte norteamericana, siempre y cuando presenten los argumentos jurídicos necesarios para demostrar que la actividad de dichas compañías vulnera su seguridad y bienestar nacionales.
El abogado Miguel de la Fuente, socio de la firma internacional DAC Beachcroft y egresado de la Universidad Anáhuac, comentó que esta victoria legal del Gobierno mexicano sentará precedentes y abrirá la posibilidad para que familias en lo individual puedan reclamar en Estados Unidos por la falta de control adecuado en la venta de armas.
Por su parte, la maestra Milca Calzada Lemus, docente de Posgrado en Derecho y en Política Criminal de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, señaló que en Estados Unidos hay un sector de la población que lamenta la falta de regulación en la obtención y uso de armas en territorio norteamericano, amparados por la Segunda Enmienda de su Constitución.
Este lunes 22 de enero, la Corte de Apelaciones del primer circuito en Boston, integrada por tres magistrados, resolvió por unanimidad que las ocho empresas demandadas por México no tienen inmunidad y deben responder por sus acciones ante un tribunal. La demanda civil presentada por México señala a las empresas Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Camfour, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Comapany, Remarms, Sturm, Ruger & Co. y Interstate Sales Corp. de prácticas comerciales que facilitan el tráfico de armas a México.
De acuerdo con la demanda, el 68 por ciento del total de armas traficadas a México son fabricadas y distribuidas por estas empresas, lo que representa entre 342.000 y 597.000 armas al año. Además, México asegura que estas empresas obtienen ganancias de 170 millones de dólares anuales por la venta de armas que terminan en manos de cárteles y grupos criminales en el país latinoamericano.
La correlación entre el número de homicidios en México y la venta de armas en Estados Unidos es evidente, según la demanda interpuesta por México. Tan solo en el primer semestre de 2023, se registraron 15.082 homicidios en el país, de los cuales el 71% fueron cometidos con armas de fuego.
El panel de la Corte de Apelaciones de Boston determinó que México demostró que las empresas fabricantes y distribuidoras de armas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes. Este fallo revierte la decisión de un juez de primera instancia que desechó la demanda en 2022, alegando que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) protegía a las empresas demandadas.
A pesar de esta victoria para México, el abogado De la Fuente advierte que el camino no será fácil, ya que las empresas fabricantes de armas tienen un fuerte lobby en Estados Unidos y el reconocimiento de su responsabilidad en el tráfico de armas será un tema políticamente complicado.
Para el abogado Héctor Pérez Rivera, especializado en derechos humanos, la designación del jurado que emitirá un veredicto será clave en este caso. Aunque el ambiente político en Estados Unidos por las elecciones de noviembre no influirá en el juicio, la composición del jurado puede ser determinante.
Por su parte, la maestra Calzada Lemus considera que la importancia de este caso no solo radica en la posible indemnización económica para México, sino en que la industria armamentista estadounidense asuma su responsabilidad y se genere un empoderamiento de las víctimas frente al crimen organizado.
En resumen, esta decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sienta un precedente importante para que países afectados por el tráfico de armas puedan demandar a las empresas fabricantes y distribuidoras en territorio norteamericano. Aunque el camino aún será largo y difícil, esta victoria del Gobierno mexicano da esperanza a las familias afectadas por la violencia armada en el país.
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