Presidente mexicano cuestiona a jueces por liberar a criminales. Exfuncionario de Pemex obtiene prisión domiciliaria y se monitorea con brazalete.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a lanzar duras críticas contra el poder judicial del país, acusándolos de permitir la liberación de criminales de cuello blanco y del crimen organizado. Esta declaración se suma a una serie de ataques que el mandatario ha realizado en contra de los jueces, magistrados y ministros de la nación latinoamericana.
En una reciente rueda de prensa, López Obrador señaló que el poder judicial es el responsable de dejar en libertad a presuntos delincuentes, refiriéndose específicamente al caso de Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El 20 de febrero de 2024, un juez federal otorgó la prisión domiciliaria a Lozoya, quien enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero.
A pesar de que el exfuncionario no ha ganado ningún juicio en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) ha denunciado que los jueces y magistrados han otorgado privilegios procesales injustos y desproporcionados a Lozoya. Según la FGR, las resoluciones que han permitido la prisión domiciliaria y otros beneficios judiciales han sido dictadas de forma parcial e ilegal.
Además, la FGR acusa que se han excluido pruebas obtenidas de manera ilícita por el Ministerio Público en Brasil y Suiza, gracias a tratados internacionales que México ha suscrito. Esto ha generado controversia y críticas hacia el sistema judicial mexicano, ya que se cuestiona la imparcialidad y legalidad de las decisiones tomadas en el caso de Lozoya.
Cabe destacar que este no es el primer escándalo de corrupción en el que está involucrado Lozoya. En 2017, ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht confesaron ante la justicia de su país que habían pagado sobornos para obtener contratos con Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. Aunque Lozoya ha declarado que el dinero fue para sobornar a legisladores que aprobaron una reforma energética en 2013, no ha podido comprobar estas afirmaciones.
Ante esta situación, la FGR ha pedido que Lozoya regrese a prisión, cancelando la prisión domiciliaria que había obtenido en 2019 cuando fue extraditado desde España. Sin embargo, el caso sigue en proceso y se espera que en los próximos meses se tomen nuevas decisiones en torno a la situación del exfuncionario.
En conclusión, el caso de Emilio Lozoya ha generado polémica y críticas hacia el poder judicial mexicano, cuestionando su capacidad para llevar a cabo procesos judiciales justos y transparentes. Mientras tanto, el presidente López Obrador continúa denunciando la corrupción y la impunidad en el país, llamando a la ciudadanía a estar atentos y a exigir un sistema judicial más eficaz y confiable.
[Con información de Sputnik]
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