(ProPublica/Tim Gold) – Años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido líder de México en 2018, agentes antidroga de los Estados Unidos descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas de que importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de $2 millones a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial.

Según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes.

La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas. Pero funcionarios dijeron que la investigación—que fue armada sobre la extensa cooperación de un exoperador de campaña y un narcotraficante convertido en informante —produjo pruebas de que al menos uno de los asesores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto.

La acusación de que representantes del futuro presidente de México negociaron con uno de los criminales más notorios del país ha seguido resonando entre funcionarios de política exterior y de justicia estadounidenses, quienes han sido escépticos sobre el compromiso de López Obrador de enfrentarse a los narcotraficantes.

El caso también planteó interrogantes difíciles sobre hasta qué punto los Estados Unidos deberían confrontar la corrupción oficial que ha sido esencial para el surgimiento de los narcotraficantes mexicanos como una fuerza global del crimen organizado. Mientras algunos funcionarios defienden que no es la tarea de los Estados Unidos erradicar la corrupción endémica en México, otros dicen que los esfuerzos contra el crimen organizado y para construir el estado de derecho serán en vano si los oficiales que protegen a los traficantes no son perseguidos.

“La corrupción está tan entretejida con el narcotráfico en México que no hay forma en la que se puede perseguir a los narcotraficantes sin ir a por los políticos y los militares y policías que los apoyan,” dijo en una entrevista Raymond Donovan, quien recientemente se jubiló como jefe de operaciones de la Drug Enforcement Administration (la DEA, por sus siglas en inglés).

Durante la investigación, agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente de información extraordinaria tras detener al antiguo operador de campaña por cargos de narcotráfico en 2010. Para evitar la prisión federal, el operador relató en detalle la historia de las donaciones de los traficantes, las cuales, dijo, ayudó a entregar. También grabó secretamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el asesor cercano de López Obrador que según el operador había participado en la trama.

Junto a las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinedo estaba al tanto e involucrado en las donaciones hechas por una de las mafias de la droga más grandes del país, dijeron oficiales actuales y antiguos conocedores del caso.

Pero algunos pensaban que las pruebas no eran lo suficientemente contundentes como para justificar los riesgos de una amplia operación encubierta dentro de México. Hacia finales del 2011, agentes de la DEA propusieron una trampa en la cual ofrecerían $5 millones de supuesto dinero de la droga a operadores que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador. En vez de esto, funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación, en parte por temor a que aún si la investigación resultara exitosa, sería vista por los mexicanos como una indignante intromisión en su política por parte de Estados Unidos.

“Nadie estaba intentando influir en las elecciones,” dijo un oficial familiarizado con la investigación. “Pero siempre había el temor a que López Obrador pudiera echarse para atrás en la lucha contra la droga – que, si este tipo llega a ser presidente, nos podría cerrar el paso.”

Desde que asumió su mandato en diciembre de 2018, López Obrador ha encabezado un notable repliegue en la lucha contra la droga. Su política, que ha resumido en su lema de campaña “Abrazos, no balazos,” se ha concentrado en programas sociales para atacar las raíces de la criminalidad, en vez de enfrentar a los criminales.

Pero mientras las fuerzas policiales y militares en general han evitado enfrentamientos con los grupos más grandes de narcotraficantes, esas mafias han extendido su influencia a través de México. Según algunos cálculos, las pandillas criminales dominan más de una cuarta parte del territorio nacional –operan abiertamente, imponen su voluntad sobre los gobiernos locales y frecuentemente fuerzan a las autoridades estatales y federales a mantener su distancia. La violencia ha rondado niveles históricos, mientras las tramas de extorsión y otros negocios criminales de las bandas del narcotráfico se han metastatizado en cada capa de la economía.

El vocero principal del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a numerosas peticiones solicitando algún comentario de parte del gobierno.

Los daños causados por el narcotráfico a los estadounidenses nunca han sido más devastadores. El fentanilo—que en casi su totalidad se produce o se mueve clandestinamente a través de México—está alimentando el problema de drogas más letal en la historia de Estados Unidos. Las aproximadamente 109,000 muertes por sobredosis documentadas en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con el fentanilo, sobrepasan las fatalidades debidas a la violencia con armas de fuego y accidentes de tráfico juntas.

La administración del Presidente Joe Biden ha sido inamovible en su resistencia a criticar las políticas de seguridad de López Obrador, rehuyendo enfrentamientos aun cuando el presidente mexicano ha atacado públicamente a las agencias policiales estadounidenses, tachándolas de mendaces y corruptas. Aunque la explosión del fentanilo presenta una preocupación creciente en Washington, puede que sea menos determinante para la reelección de Biden que frenar a los inmigrantes en la frontera sur—un desafío en el cual la cooperación de López Obrador es esencial.

Después de aseverar repetidamente que México no tenía nada que ver con el fentanilo, recientemente López Obrador ha tomado algunas medidas modestas para restablecer la cooperación antidroga. Su gobierno, sin embargo, sigue ignorando peticiones de los Estados Unidos para la captura y extradición de narcotraficantes importantes, mientras funcionarios en Washington describen la relación en términos dorados. Al final de una reunión con López Obrador en noviembre, Biden se giró hacia él y dijo, “No podría tener mejor socio que usted.”

Una vocera del Departamento de Justicia declinó comentar sobre los detalles de la investigación de las campañas de López Obrador por la DEA, citando una política de larga duración. Pero añadió que el departamento “respeta completamente la soberanía de México, y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir los cárteles de la droga que son los responsables de tanta muerte y destrucción en nuestros dos países.”

Durante décadas, agentes federales de Estados Unidos han sido reacios a investigar a funcionarios mexicanos sospechosos de proteger a las mafias de la droga, alegando que la persecución de tales casos es difícil en un país con una sensibilidad tan marcada hacia la injerencia estadounidense. Las agencias de Estados Unidos han sido aún más renuentes a indagar en el involucramiento de las bandas criminales en la política electoral, a pesar de que se han convertido en una de las fuentes principales de financiamiento de las campañas mexicanas y han asesinado a decenas de candidatos municipales, estatales y federales.

En el caso de López Obrador, la DEA tardó en responder a la información de la posible colusión de su campaña con narcotraficantes en 2006, según varios funcionarios. Cuando la agencia finalmente empezó a investigar en 2010, fue en gran parte por la iniciativa de un pequeño grupo de agentes basados en México que trabajaban con fiscales federales en New York.

La fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera, un abogado de 28 años de personalidad intensa, que apareció en la Embajada de los Estados Unidos un día en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA. Los dos agentes que bajaron de su oficina en la cuarta planta escucharon un relato convincente: durante los últimos años, López Nájera les dijo, él había ejercido como consejero legal dentro de la empresa de uno de los traficantes más notorios de México, Edgar Valdez Villareal.

El mafioso nacido en Texas había sido apodado “Ken” y después “Barbie” en la secundaria cuando era un fornido defensa de fútbol americano de mandíbula cuadrada y pelo rubio oscuro. A mediados de la década de los 2000, se había convertido en uno de los sicarios más brutales del mundo del hampa mexicana. También era un traficante importante, que trabajaba con una mafia más grande liderada por los hermanos Beltrán Leyva, quienes a su vez eran parte de la alianza conocida como el Cártel de Sinaloa. En el lado mexicano de la frontera, era conocido como La Barbie.

Según López Nájera, La Barbie le exigió que empezara desde abajo, lavando los carros de los traficantes y haciendo otras tareas menores antes de confiarle misiones más importantes. Con el tiempo, llegó a manejar algunos contactos políticos, pagar sobornos a comandantes de la policía y políticos, y más tarde supervisó cargamentos de cocaína a través del aeropuerto de Cancún. Algunos años más tarde, sin embargo, López Nájera empezó a tener diferencias con su jefe, que lo veía como medio vago, dijeron funcionarios. En 2007, cuando volvió de unas largas vacaciones en Cuba se enteró de que su hermano había desaparecido, víctima aparente de la ira de la Barbie. López Nájera pasó a la clandestinidad y empezó a urdir su venganza.

López Nájera estableció rápidamente su credibilidad con los estadounidenses; les reveló que los Beltrán Leyva habían infiltrado un topo en la embajada. El hombre resultó ser un empleado del U.S. Marshals Service (servicio federal de alguaciles) que tenía amplio acceso a información sobre criminales mexicanos buscados por los Estados Unidos. La trampa de un supuesto curso de formación atrajo al topo a la zona de Washington, D.C., donde lo arrestaron y acusaron de crímenes federales antes de que aceptara cooperar con las autoridades, según oficiales.

La DEA trasladó a López Nájera a los Estados Unidos y lo interrogó extensamente. Después, como parte de la nueva alianza por la seguridad conocida como el Plan Mérida, agentes estadounidenses invitaron a varios fiscales mexicanos a entrevistar a su fuente estrella.

Los procesos judiciales en México que resultaron de esos encuentros identificarían a López Nájera solo por el alias de “Jennifer.” Sus revelaciones se convirtieron en el motor principal de la “Operación Limpieza,” una iniciativa de alto impacto mediático del gobierno del Presidente Felipe Calderón para purgar a funcionarios corruptos en las agencias federales y las fuerzas armadas.

La DEA fue un poco más lenta en aprovechar a su informante al máximo. No fue hasta la primavera de 2010, más de dos años después de que López Nájera había empezado a cooperar con la agencia, que la DEA empezó a enfocarse en una de sus revelaciones más impactantes. En una entrevista en San Diego que agentes de la DEA habían organizado para un fiscal mexicano de alto nivel, López Nájera describió como La Barbie lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel de Nuevo Vallarta, un complejo turístico en la costa del Pacifico.

El hombre que había armado el encuentro era Francisco León García, el hijo de 38 años de un empresario minero del estado norteño de Durango. Conocido como Pancho León, estaba lanzando su candidatura para el senado mexicano como representante de la alianza izquierdista de López Obrador. Era amigo de uno de los lugartenientes de La Barbie, Sergio Villareal Barragán, un ex policía de elevada estatura apodado El Grande, y los dos hombres pensaban que quizás se podrían ayudar mutuamente, se les dijo a los agentes.

Otro hombre de negocios acompañaba a León en la reunión. Los dos dijeron que estaban allí con el conocimiento y la autorización de López Obrador, explicó López Nájera. A cambio de una inyección de dinero, dijo León, la campaña se comprometía a que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios de la ley que serían de ayuda para los traficantes.

Según versiones de la negociación que los investigadores estadounidenses armaron eventualmente con los datos de varios informantes, a los traficantes se les dijo que podrían ayudar a seleccionar a los comandantes de policía en algunas plazas fronterizas importantes. Todavía más importante, dijeron funcionarios estadounidenses, también se les dijo a los traficantes que López Obrador no nombraría a un procurador general que ellos percibieran como hostil a sus intereses — dando la impresión de que les daba el poder de veto sobre el nombramiento.

La Barbie aceptó el trato y encomendó a López Nájera reunirse con oficiales de la campaña en la Ciudad de México y organizar los sobornos. (López Nájera no respondió a varios intentos de contactarlo en su casa y por teléfono.) Poco después, dijeron los funcionarios, le presentaron a Mauricio Soto Caballero, un hombre de negocios y operador político que lideraba un equipo de avanzada para el jefe de logística de la campaña, Nicolás Mollinedo.

La organización de la Barbie dio aproximadamente $2 millones en efectivo en tres entregas a Soto y a otros miembros de la campaña durante los siguientes meses, según se le dijo a la DEA. A medida que el traficante se iba involucrando más, dijo López Nájera, también suministraba otros tipos de apoyo. Durante las semanas finales de la contienda, López Obrador viajó dos veces al estado de Durango para mítines grandes y bulliciosos organizados por Pancho León, para los cuales la banda criminal hizo donaciones generosas. Un evento fue tan fastuoso–con una banda musical famosa y miles de simpatizantes acarreados por autobús desde aldeas y pueblos circundantes– que políticos rivales exigieron una investigación del financiamiento de la campaña de León.

La carrera presidencial de 2006 fue casi un empate. Cuando el tribunal electoral de México declaró a Calderón ganador por la mitad de un punto porcentual, La Barbie se enfureció, dijo López Nájera. El capo de la droga improvisó un plan para secuestrar al presidente del tribunal y forzarle a revocar el fallo. El traficante mandó una caravana de gatilleros para tomar por asalto el tribunal, y solo se dieron la vuelta cuando descubrieron que soldados del ejército estaban protegiendo el lugar.

Después de insistir durante días que era el ganador legítimo, López Obrador reunió a miles de sus simpatizantes en la Ciudad de México para un plantón de protesta que duró meses y cubrió una gran parte del centro colonial de la capital. Según López Nájera, La Barbie también donó fondos para ayudar a dar de comer a los manifestantes.

Los agentes de la DEA que escucharon el relato de López Nájera entendieron que no sería fácil armar un caso penal, dijeron varios oficiales. Aun si pudieran verificar las acusaciones, los casos de corrupción de alto nivel eran casi siempre difíciles de probar. Los funcionarios mexicanos usaban a intermediarios para aislarse de los traficantes que les pagaban. Políticos y criminales a menudo se protegían entre ellos; los posibles testigos de corroboración solían ser reacios a declarar.

La mayoría de los delitos relacionados con la droga además prescribían a los cinco años. Para cuando la investigación finalmente arrancara de verdad, algunos de los eventos claves que López Nájera describió habían ocurrido cuatro años antes.

El fiscal mexicano que asistió a la entrevista de López Nájera envió las acusaciones de López Nájera a funcionarios de más alto nivel en la Ciudad de México. Pero el gobierno de Calderón decidió que un caso así sería demasiado sensible políticamente antes de las elecciones de 2012, dijeron exfuncionarios.

Los agentes de la DEA tuvieron más suerte con el Southern District of New York (Distrito Sur de Nueva York), la poderosa oficina de fiscales federales basada en Manhattan. La jefa de la unidad internacional de narcóticos de la oficina, Jocelyn Strauber, les dijo que pensaba que merecía mucho la pena seguir adelante con el caso, según oficiales actuales y antiguos. Strauber, quien ahora dirige el departamento de investigaciones de la Ciudad de Nueva York, declinó comentar sobre el caso.

Aunque el Distrito Sur había hecho pocos casos de corrupción de drogas en México, la determinación de Calderón de trabajar más estrechamente con los Estados Unidos les daba esperanza a los investigadores. Los agentes estadounidenses tenían más libertad que nunca para operar en México; las operaciones conjuntas contra traficantes ya eran cotidianas. Agencias de la ley y de inteligencia de Estados Unidos habían ayudado a las autoridades mexicanas a arrestar o matar a figuras destacadas de algunas grandes mafias de la droga, incluida la organización de los Beltrán Leyva. En mayo de 2010, México finalmente extraditó a Mario Villanueva, un ex gobernador del estado de Quintana Roo, quien se declaró culpable en New York de esconder más de $19 millones de sobornos del narcotráfico en cuentas en Estados Unidos.

Los investigadores también se dieron cuenta de que López Nájera representaba una oportunidad inusual. Aunque había estado fuera de México por más de dos años, creían que a lo mejor podría conectarlos con Soto, el ex operador de la campaña de López Obrador a quien había entregado las donaciones en 2006.

Soto era un consultor de negocios muy sociable y enérgico que tenía sus propias ambiciones políticas. Había trabajado dentro y fuera del sector gubernamental, maniobrando y resolviendo problemas en la burocracia. López Nájera dijo que habían entablado una relación amistosa y que Soto había accedido a hacerle favores ocasionales que no estaban relacionados con la campaña. Había actuado como su testaferro para la compra de un apartamento en Polanco, un elegante barrio de la Ciudad de México, y para el alquiler de una oficina cercana y un segundo apartamento que La Barbie a veces usaba cuando visitaba la capital.

Según López Nájera, Soto también le había presentado a miembros del equipo de seguridad de la campaña del 2006, conexiones que fueron útiles más adelante cuando algunos de ellos accedieron a puestos en seguridad del gobierno. En algún momento, recordó López Nájera, Soto le dijo que quizás podría estar interesado en ganar algún dinero invirtiendo en el narcotráfico si surgiera una buena oportunidad.

Mientras López Obrador preparaba su segunda candidatura presidencial, el operador seguía cercano a Mollinedo, quien era todavía uno de los asesores de más confianza del candidato, según funcionarios.

Nico, como era conocido Mollinedo, era un personaje renombrado en México. Dondequiera que fuera López Obrador durante sus cinco años como alcalde de la Ciudad de México, Mollinedo había estado a su lado al volante de un Nissan sedán blanco que López Obrador convirtió en un símbolo de su desprecio hacia los excesos tradicionales de la política mexicana. El padre de Mollinedohabía sido amigo cercano y partidario de López Obrador desde sus días como joven activista en Tabasco, el estado nativo de los dos.

Mollinedo también fue protagonista de uno de los primeros grandes escándalos políticos de López Obrador, que estalló en 2004 con noticias de que el reconocido chófer del alcalde ganaba el sueldo de un subsecretario en el gabinete municipal.

López Obrador restó importancia al “Nicogate,” como lo llamaron los periódicos, pero dejó claro que Mollinedo era mucho más que un chófer. Era el ayudante personal del alcalde y su coordinador de logística y trabajaba con su equipo de seguridad. Mollinedo también servía, a veces, de guardián, filtrando a la gente y las propuestas que clamaban por la atención del jefe de gobierno del Distrito Federal.

Para principios de 2010, un puñado de funcionarios mexicanos habían sido detenidos en base a los testimonios de López Nájera, incluidos un ex fiscal antidrogas y varios oficiales policiales y militares de alto nivel. Su identidad, sin embargo, seguía siendo un secreto bien protegido, y él confiaba en que el operador de campaña todavía creía que seguía trabajando para los narcos. Se habían reunido en San Diego a finales del 2009. Mientras eran grabados por agentes de la DEA, conversaron sobre si a Soto le interesaría entrar en uno de los negocios de droga que López Nájera dijo estar armando.

Tenía sentido que López Nájera pudiera estar trabajando por su propia cuenta. La Barbie se había mantenido fiel a los hermanos Beltrán Leyva en lo que había sido una guerra de dos años con otras facciones del Cártel de Sinaloa. Pero ahora, con los sinaloenses en posición de ventaja, La Barbie y los Beltrán Leyva se estaban peleando entre ellos. La violencia generaba titulares casi todos los días.

Mientras los agentes pautaban sus mensajes de texto, López Nájera empezó a comunicarse con Soto, dijeron oficiales conocedores del caso. En julio de 2010, se reunieron en un hotel en Hollywood, Florida. Acompañado por un agente encubierto de la DEA en el papel de proveedor colombiano de cocaína, López Nájera explicó su oferta: tenían unos negocios en ciernes. A lo mejor necesitarían inversores. La ganancia sería importante.

Soto dijo que estaba interesado.

Semanas después de la reunión en la Florida, Soto voló a la frontera México-Estados Unidos para negociar un posible trato con el supuesto traficante colombiano y otro agente encubierto en McAllen, Texas. Cuando regresó a McAllen en octubre, los dos agentes encubiertos le dijeron que tenían 10 kilos de cocaína listos para él. Pero Soto se echó para atrás, dijeron fuentes conocedoras del caso, e insistió en que no estaba preparado para vender drogas en los Estados Unidos.

Los agentes necesitaban una manera de arrastrar a Soto de vuelta a su trama. Le presionaron para que custodiara la cocaína durante unos días hasta que ellos pudieran enviarla a otro comprador. Como recompensa recibiría un kilo, con un valor de cerca de $20,000. Las drogas estaban en un coche estacionado cerca, dijo uno de los agentes, mientras le entregaba un juego de llaves a Soto. (No existía tal cocaína.) La conversación fue grabada en su totalidad.

Después de las dos de la madrugada siguiente, Soto regresó a su habitación en un hotel Courtyard Marriott. Los agentes de la DEA le estaban esperando.

Al otro lado de la frontera, sin abogado ni conexiones políticas, Soto no tardó mucho en tomar la decisión de cooperar. “No era el tipo de individuo que estaba preparado para ir a la cárcel,” dijo un funcionario enterado del caso. Más tarde ese día, después de que Soto renunciara a su derecho a ser procesado en Texas, voló a New York en un vuelo comercial, flanqueado por un par de agentes en la última fila y con una chamarra cubriendo sus esposas.

Desde entonces, Soto se convertiría en una fuente confidencial de la DEA, identificado en el archivo del caso como CS-1. En respuesta a una petición de la DEA, ProPublica aceptó no publicar su nombre ni los nombres de otras fuentes en el caso. Sin embargo, el nombre de Soto fue revelado en un reportaje en español sobre el caso publicado por DW News, la cadena de televisión estatal alemana.

Después de responder inicialmente a mensajes de un reportero de ProPublica, Soto no contestó a preguntas detalladas sobre su papel en la investigación estadounidense.

Durante varias entrevistas con fiscales del Distrito Sur, Soto confirmó que había recibido dos entregas de dinero de López Nájera para la campaña de 2006 y que La Barbie había enviado una tercera remesa. Soto aseguró que las tres donaciones llegaban a un total de algo menos de los $2 millones que había mencionado López Nájera, una discrepancia que los agentes atribuían a la práctica habitual de embolsarse una porción. Soto dijo que había entregado el dinero a Mollinedo, según gente conocedora del caso.

En Nueva York, Soto consultó con un abogado defensor federal antes de aceptar los términos del gobierno: si continuaba trabajando en secreto y contaba la verdad a los investigadores, se le permitiría volver a México. Su condena penal sería sellada y al final sería sentenciado al tiempo que ya había “servido” bajo custodia federal – los pocos días que había pasado en McAllen y Nueva York. Soto se presentó ante un juez federal y se declaró culpable de un único cargo de conspiración para distribuir cocaína.

Los oficiales estadounidenses sabían que el arreglo planteaba serios riesgos. Si Soto avisaba a sus colegas en México de que le pedían armar una trampa contra ellos—o si simplemente dejaba de contestar las llamadas de teléfono—la única palanca de los estadounidenses sería hacer pública su declaración de culpabilidad y quizás emitir una orden internacional para su arresto. Pero Soto podría revelar su investigación.

El plan de los agentes era confirmar las pruebas que habían acumulado sobre las donaciones de los traficantes en 2006 y tratar de recrear aquel esquema en la incipiente campaña de López Obrador para las elecciones de 2012—esta vez con las grabadoras en marcha. A la investigación la llamaron “Operación Polanco.”

Para utilizar a Soto en el extranjero como un operador encubierto, o “fuente de identidad protegida,” en el léxico de la agencia, la DEA tuvo que presentar su plan de investigación a un grupo de funcionarios del Departamento de Justicia y la DEA conocido como una Sensitive Activity Review Committee. (Un comité de revisión de actividad sensible, o SARC por sus siglas en inglés.) Un SARC (pronunciado “sark”) es un proceso de evaluación legal que se asemeja a un equipo de desmantelamiento de explosivos. Los paneles examinan las operaciones secretas en las que hay entregas de drogas o dinero a traficantes o en las cuales los objetivos incluyen funcionarios extranjeros corruptos; los abogados intentan desactivar los planes que podrían explotar en la cara del departamento.

Aunque apuntar a la campaña de López Obrador era una propuesta de alto riesgo, el SARC aprobó de forma provisional el plan a finales de 2010, dijeron oficiales. Los agentes y fiscales tendrían que volver al comité al menos cada seis meses para una nueva evaluación, y el escrutinio se intensificaría a medida que avanzaran.

Los agentes querían entrar a lo grande. Propusieron tentar a la campaña con una oferta de $5 millones en efectivo a cambio del compromiso por parte de un gobierno de López Obrador de dejar a los traficantes en paz. Si Mollinedo u otros de la campaña aceptaban el trato, los agentes podrían darles un depósito, quizás $100,000. Entonces entregarían el dinero para obtener pruebas contundentes de la complicidad de la campaña.

Algunos oficiales estadounidenses pensaban que era un momento propicio para un caso de tal índole. En agosto de 2010, infantes de marina mexicanos habían capturado a La Barbie. Dos semanas más tarde, atraparon a El Grande, su lugarteniente, que había asistido a la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta. Los dos hombres habían sido acusados con cargos federales en los Estados Unidos y, si eran extraditados, quizás podrían ser persuadidos para cooperar a cambio de una reducción en sus sentencias. En una breve conversación después de su captura, El Grande le dijo a un agente de la DEA que estaba dispuesto a compartir información sobre oficiales mexicanos corruptos, pero solo después de ser trasladado a Estados Unidos, según muestran documentos revisados por ProPublica.

Pero mientras nuevas piezas de la investigación iban encajando, la administración Obama sentía con preocupación cada vez mayor las repercusiones de otra operación encubierta, la que se conoció como “Rápido y Furioso.” Sin informarles a los funcionarios mexicanos, agentes del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) del Departamento de Justicia permitieron que cientos de armas de alta potencia se enviaran ilegalmente a México para poder rastrearlas hasta las manos de las bandas de narcotráfico. El rastreo, sin embargo, falló y las armas fueron vinculadas más tarde a tiroteos que mataron o hirieron a 150 mexicanos, además del asesinato de un agente de la Border Patrol (Patrulla Fronteriza). El gobierno de Calderón se enfureció, y parecía que las tensiones amenazaban otra vez la cooperación bilateral.

“Después de Rápido y Furioso, las cosas fueron sometidas a otro nivel de escrutinio,” dijo un exfuncionario del Departamento de Justicia. “En ese momento todos estaban en modo de autopreservación.”

De todas formas, los funcionarios estadounidenses tenían motivos para esperar que los líderes de México pudieran aceptar – y mantener en secreto – su investigación. Su objetivo más importante, López Obrador, era el odiado rival político de Calderón. El jefe de la DEA en la Ciudad de México mantendría informado al jefe de inteligencia del presidente, a quien consideraban particularmente fiable, y pedirle que informara sólo a Calderón.

La siguiente fase de la investigación empezó bien. Agentes de la DEA se enteraron de que el empresario que había acompañado a Pancho León a la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta iba a Las Vegas. Cuando los agentes lo enfrentaron en el Bellagio Hotel y Casino, el empresario confirmó gran parte de lo que habían dicho Soto y López Nájera. Incluso mencionó un detalle interesante que López Nájera también había notado: en la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta, León le había hecho un regalo a la Barbie. Como sabía que el narcotraficante coleccionaba relojes caros, le compró un Patek Philippe de $20,000 como señal de respeto.

Los fiscales no creyeron inicialmente que tenían suficientes pruebas para arrestar al hombre, así que los agentes le permitieron volver a casa después de que prometiódar testimonio como testigo en cualquier proceso criminal en el futuro. Los investigadores no tenían esperanza de pillar a León. En febrero de 2007, meses después de perder la carrera por el Senado,desapareció. Segun los rumores, fue victima de un asesinato del narcotrafico. Nunca se encontró su cuerpo

En la Ciudad de México, agentes de la DEA ensayaron con Soto, le colocaron un equipo de grabación y, en abril de 2011, lo mandaron a hablar con Mollinedo. Fue un desastre. “Estaba aterrorizado,” recordó un exfuncionario. Si Soto manejó mal el equipo o lo apagó intencionalmente no quedó claro, pero volvió con una grabación truncada que era en gran parte ininteligible por el ruido de fondo.

Un segundo intento el mes siguiente produjo aproximadamente una hora de conversación grabada. Esa grabación dejaba claro que Mollinedo sabía de la transacción de 2006, dijeron dos personas enteradas del caso. Parecía preocupado por la suerte de dos antiguos miembros del equipo de seguridad de la campaña, que habían sido encarcelados recientemente y podrían ser presionados para revelar lo que sabían de las contribuciones de los traficantes. Los funcionarios dijeron que Mollinedo también mencionó a amigos en la oficina del fiscal general de México que podrían protegerlos a él y a Soto.

Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara más directamente. “Nunca dijo, ‘No sé de lo que estás hablando,’ o ‘No conozco a ninguna de esas personas.’ No se dijo nada que lo exculpara,” un exfuncionario dijo de Mollinedo. “Pero la grabación no revitalizó la conspiración tanto como hacía falta.”

Durante una entrevista, Mollinedo negó haber aceptado jamás donaciones de narcotraficantes y rechazó la idea de que López Obrador toleraría nunca semejante corrupción. “No manejábamos dinero,” dijo, refiriéndose a su equipo de logística. Añadió que el equipo solo controlaba los fondos que se le daba para gastar en transporte y otros gastos de campaña.

Después de repasar las grabaciones, los fiscales de New York estaban decepcionados, dijeron exfuncionarios. Para un caso tan arriesgado y sensible, creían que las evidencias tenían que ser casi irrefutables. Sin embargo, los agentes propusieron ir adelante con la operación encubierta dirigida a Mollinedo y otros asesores de López Obrador. Cómo iban a proceder desde ahí—y si iban a ir a por López Obrador y otros políticos de su entorno—dependería de lo que los agentes descubrieran.

Cuando el SARC se reunió otra vez para revisar el caso, a finales de noviembre de 2011, a los oficiales de Justicia y la DEA en Washington, DC se unieron por video unos agentes de alto rango en la Ciudad de México y en New York. Esta vez, sin embargo, las preguntas fueron más duras, dijeron varias personas familiarizadas con la reunión. Aunque funcionarios de la Embajada de Estados Unidos solo informaran a funcionarios Mexicanos de quienes se fiaban, la información podría filtrarse fácilmente, algunos oficiales dijeron, y podría ser explosiva.

Representantes de la DEA en la reunión enfatizaron en que no pretendían influir en las elecciones mexicanas, dijeron funcionarios conocedores de la reunión. Pero también señalaron que si México elegía a un presidente que llegara al puesto con una deuda con narcotraficantes poderosos, las consecuencias podrían ser catastróficas para la alianza por la seguridad de los dos países.

Poco tiempo después del comienzo de la reunión, se cayó el enlace de video con la Ciudad de México–un hecho común con la tecnología de la época. Sin el grupo central de la DEA que trabajaba en el caso, el tono de la discusión cambió, según dos personas que estuvieron presentes. Los abogados del Departamento de Justicia hablaron de los riesgos enormes de la operación, las pruebas inciertas y las repercusiones todavía volátiles del escándalo Rápido y Furioso que había impulsado a algunos Republicanos en el Congreso a exigir la dimisión del Fiscal General Eric Holder.

Los agentes y fiscales recibieron la noticia de la decisión del SARC días después—la operación se clausuraba.

En mayo de 2012, el gobierno mexicano extraditó a El Grande. Cuando agentes en territorio estadounidense le preguntaron sobre las donaciones a la campaña de López Obrador, confirmó que La Barbie las había hecho después de la reunión en Nuevo Vallarta, según dos funcionarios.

El éxito de López Nájera como testigo estrella en la Operación Limpieza no fue duradero.

Cuando el gobierno de Calderón fue reemplazado en diciembre de 2012, no fue por López Obrador y su alianza de izquierdas, sino por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el partido político que había mantenido al país bajo un control corrupto y autoritario durante más de 60 años hasta el 2000. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, rápidamente se distanció de la cercana cooperación en seguridad de su predecesor con Estados Unidos. Un aspecto del cambio fue el esfuerzo del procurador general de Peña, Jesús Murillo Karam, para desacreditar y después revertir los procesos criminales de la administración previa contra oficiales corruptos.

Según tres funcionarios que conocen los eventos, los fiscales mexicanos siguieron entrevistando a López Nájera en los Estados Unidos, pero ahora intentaban explotar las brechas y contradicciones en sus testimonios. Le pidieron corroborar nuevos detalles de eventos que ya había descrito, a veces sugiriendo fechas específicas, solo para después presentar otros testigos que tenían coartadas para las fechas que había confirmado López Nájera.

Un aluvión de reportajes en los medios mexicanos, muchos de los cuales eran producto de aparentes filtraciones del gobierno, atacaron a López Nájera como un mentiroso bien pagado del régimen anterior. Proceso, la revista de investigación más importante del país, reveló su identidad y publicó una foto de él en portada que, según funcionarios estadounidenses, salió de los archivos de la fiscalía general de México. Prácticamente todos los funcionarios encarcelados en la Operación Limpieza fueron liberados después de que los cargos contra ellos fueron revocados.

Lo que no se hizo público fue que los funcionarios policiales y de Justicia de Estados Unidos tomaron la perspectiva opuesta. Aunque aceptaron que López Nájera había sido inconsistente o se había equivocado en algunos puntos menores, casi todo lo demás que les había dicho se sostenía. Así que mientras López Nájera se convertía en México en un símbolo de los fracasos del sistema de justicia, la DEA lo consideraba creíble y siguió trabajando con él.

Aún antes de que López Obrador tomara posesión en diciembre de 2018, funcionarios de Estados Unidos empezaron a revisar la información de las indagaciones de la DEA como parte de su intento de evaluar la voluntad del nuevo presidente para trabajar con ellos contra las mafias, dijeron tres personas que recibieron informes sobre este esfuerzo. Pero el nuevo líder mexicano no tardó en contestar él mismo a esa cuestión.

Primero, marginó a los grupos de comando mexicanos que habían sido los socios más fiables de las agencias de justicia e inteligencia de Estados Unidos. Después desmanteló una unidad especial de la policía federal que la DEA había entrenado e investigado para poder trabajar con los estadounidenses en casos importantes sobre la droga.

Cuando agentes de la DEA detuvieron a un exministro de defensa mexicano, General Salvador Cienfuegos Zepeda, por cargos de corrupción vinculados al narcotráfico en octubre de 2020, López Obrador atacó a la agencia aún más agresivamente. Con el ejército presionando al presidente para defender a Cienfuegos, altos funcionarios mexicanos dejaron claro que la cooperación antidrogas estaba en riesgo. Después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, cerró el caso y repatrió al general, López Obrador anunció que el Plan Mérida estaba “muerto” e impulsó nuevos y estrictos límites en las operaciones de agentes estadounidenses dentro de México.

Las promesas repetidas durante mucho tiempo por López Obrador de llevar a cabo una cruzada contra la corrupción política casi no han producido resultados significativos. Aunque unas cuantas acusaciones penales por corrupción fueron anunciadas a principios de su mandato – casi todas contra los adversarios del presidente – casi ninguna fue juzgada con éxito.

Sin embargo, López Obrador puso en duda la campaña de descrédito ejercida contra la Operación Limpieza por la administración anterior. En agosto de 2022, su gobierno detuvo a Murillo Karam acusándolo de haber ayudado a encubrir en 2014 las desapariciones de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. Meses más tarde, el gobierno anunció que el ex fiscal general también iba a enfrentar cargos por corrupción relacionados con más de $1.3 millones en ingresos escondidos y contratos ilícitos de los cuales supuestamente se había beneficiado durante su mandato. Murillo Karam ha negado los cargos.

El antiguo asesor cercano del presidente, Mollinedo, se apartó de López Obrador después de la campaña de 2012 para dedicarse a los negocios. Más tarde, se juntó a Soto en un intento de establecer un nuevo partido político enfocado en la protección del medio ambiente. La iniciativa se desvaneció en menos de un año.

Mollinedo dijo a ProPublica que sigue siendo profundamente leal al presidente. Aunque él y su familia han sido acusados de enriquecerse gracias a sus conexiones políticas, Mollinedo dijo a ProPublica en una entrevista que sus proyectos de negocios han sido totalmente legítimos.