Grupos de libertad de prensa indicaron este lunes que hallaron pruebas de intentos recientes de usar el programa espía israelí Pegasus contra activistas que investigan violaciones de los derechos humanos por parte del ejército mexicano.

Según un informe de la organización sobre libertad de prensa Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y organizaciones mexicanas de medios, entre los objetivos se encuentra Raymundo Ramos.

Ramos ha trabajado durante años documentando los abusos de las fuerzas militares y policiales en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, dominada por los carteles de la droga. El celular de Ramos estaba aparentemente infectado con el software espía Pegasus en 2020.

Entre las otras víctimas se incluyen al periodista y autor Ricardo Raphael en 2019 y 2020, y un periodista no identificado del medio de comunicación en línea Animal Político.

López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018 prometiendo acabar con el espionaje gubernamental. El presidente afirmó que él mismo había sido víctima de la vigilancia del gobierno durante décadas siendo líder de la oposición.

El informe de este lunes alega que el ejército mexicano ha pedido cotizaciones de precios para programas de vigilancia de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus, que según la empresa se vende sólo a gobiernos.

Según el reporte, el grupo de hackers Guacamaya encontró documentos del ejército que enumeran solicitudes de cotizaciones de precios de 2020, 2021 y 2022.

En 2021, un empresario mexicano fue arrestado y acusado de usar el spyware Pegasus para espiar a un periodista, pero la firma israelí de spyware NSO Group aseguró no tener lazos con ese hombre.

El empresario ha sido descrito durante mucho tiempo en México como empleado de una firma que actuaba como intermediaria en las compras de spyware.

El principal funcionario de seguridad de López Obrador ha dicho que dos gobiernos anteriores gastaron 61 millones de dólares para comprar el software espía Pegasus.

El Grupo NSO ha estado implicado en la vigilancia gubernamental a opositores y periodistas en todo el mundo. La compañía asegura que “las tecnologías de NSO sólo se venden a entidades gubernamentales examinadas y aprobadas”.

México tenía la lista más grande, unos 15.000 números de teléfono, entre más de 50.000 supuestamente seleccionados por clientes de NSO para vigilancia potencial.