Ciudad de México (VOA) – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que escogió a la hasta ahora jefa de la agencia de impuestos del país para cubrir la vacante de secretaria de Economía. La designación de Raquel Buenrostro para el puesto se produce un día después de la emotiva renuncia de Tatiana Clouthier. 

El nombramiento de Buenrostro, que ha servido por más de dos décadas en dependencias relacionadas con impuestos, Hacienda y Economía, fue bien recibido por el Consejo Coordinador Empresarial de México, que dijo en una declaración: “Confiamos en su capacidad para abonar al desarrollo económico de la ciudadanía y de las empresas”.

Sin embargo, Clouthier había sido considerada un enlace con la comunidad empresarial mexicana, un rol que luce más difícil para Buenrostro.

Mientras Clouthier tiene un historial conservador y estaba en contacto con la elite industrial del norte de México, Buenrostro, como jefa del Servicio de Administración Tributaria, ha liderado una campaña constante y en ocasiones tensa para forzar a las compañías a pagar más impuestos.

Clouthier renunció el jueves con un discurso emotivo en el que dio las gracias al presidente, pero no dio razones para su decisión.

En su nuevo puesto, Buenrostro enfrentará las posibles consecuencias de una serie de tensiones comerciales con Estados Unidos. México tiene en estos momentos en una controversia con Estados Unidos sobre los planes de favorecer a las empresas de servicios públicos que son propiedad del Estado mexicano por encima de las compañías privadas y extranjeras.

López Obrador ha tenido dificultades persistentes con la comunidad empresarial.

Otros miembros del gabinete con lazos empresariales han renunciado anteriormente, entre ellos Alfonso Romo, quien fuera el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y a quien López Obrador había descrito como el enlace principal de su gobierno con los empresarios.

Carlos Urzúa renunció como secretario de Hacienda en 2019.

López Obrador ha promulgado políticas para elevar el salario mínimo y promover el tipo de empresas estatales grandes que sus predecesores habían reducido.