Pablo Gómez de la UIF revela que Latinus recibió más de dos mil millones de pesos de gobiernos estatales. No investiga a Carlos Loret de Mola.
Ciudad de México (ADN/Staff) – En la mañanera, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló hoy que el Consorcio Latinus ha recibido más de dos mil millones de pesos de varios gobiernos estatales desde 2019 hasta la fecha. La investigación abarca diversas operaciones financieras y no incluye al periodista Carlos Loret de Mola como sujeto de indagatoria, enfocándose en cambio en el entramado corporativo detrás del consorcio.
Durante su conferencia, Gómez Álvarez explicó la estructura y el funcionamiento de la UIF, subrayando su papel en la vigilancia de las actividades financieras consideradas vulnerables, que van desde el desarrollo inmobiliario hasta el comercio de metales preciosos y joyas. La intervención del funcionario fue detallada, resaltando la metodología de trabajo que sigue la UIF para detectar y prevenir operaciones ilícitas.
“La UIF ha recibido informes de todas las transacciones inusuales y las procesa basándose en la legislación vigente”, afirmó Gómez Álvarez. Aclaró además que, aunque la UIF ha investigado a Latinus por presunto lavado de dinero y otras actividades ilícitas, no se han presentado acusaciones formales contra trabajadores del medio, incluyendo a Loret de Mola, en un esfuerzo por preservar la libertad de expresión y la neutralidad de la red, como lo dicta la Constitución.
El líder de la UIF también hizo énfasis en la política gubernamental de respeto a la libertad de difusión de opiniones, una norma que según él, ha marcado un precedente de respeto sin precedentes en la historia del país. Además, destacó los retos y obligaciones que enfrenta el Ministerio Público, que, aunque independiente, trabaja en coordinación con la UIF para procesar las denuncias basadas en evidencia recopilada por la unidad.
A lo largo de su intervención, Gómez Álvarez no solo defendió la integridad de las investigaciones de la UIF, sino que también resaltó la necesidad de una reforma profunda en el sistema de justicia, promoviendo una mayor eficiencia y adaptación a los nuevos desafíos que enfrenta México en el panorama financiero internacional.
Este desarrollo abre un nuevo capítulo en el escrutinio de las finanzas públicas y la transparencia gubernamental, con la UIF en el centro del análisis de cómo se manejan los fondos estatales y su relación con entidades privadas. Los detalles proporcionados hoy sugieren una red compleja de transacciones que ahora están bajo la lupa gubernamental, lo que podría tener implicaciones significativas para la política y la administración pública en México.
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