Maestros, padres y la diputada federal Andrea Chávez se congregaron ante la SCJN para solicitar la resolución de la controversia que ha detenido la distribución de libros de texto en Chihuahua y Coahuila.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Este martes, maestros, padres de familia y la diputada federal Andrea Chávez se presentaron en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para instar la resolución de la controversia constitucional que ha retrasado la entrega de libros de texto gratuitos en los estados de Chihuahua y Coahuila. Los manifestantes piden al gobierno dejar de utilizar la educación como moneda de cambio en asuntos políticos y económicos.
Los implicados exigen a los gobernadores María Eugenia Campos y Miguel Riquelme dejar de manipular el sistema educativo para fines políticos y económicos, alegando que tal conducta socava el derecho a la educación de los niños en dichas entidades. La diputada Andrea Chávez resaltó las irregularidades y posibles delitos vinculados a la impresión de cuadernillos educativos.
Según Andrea Chávez, se han cometido varias faltas legales en la distribución de estos cuadernillos. La primera es la usurpación de funciones, ya que la Ley General de Educación establece que solo el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública tienen la facultad de elaborar y distribuir libros de texto gratuitos. La segunda infracción es la malversación de recursos públicos, dado que se gastaron aproximadamente 90 millones de pesos en la impresión de los cuadernillos. El tercer delito podría ser corrupción, ya que la imprenta encargada de la impresión supuestamente pertenece a un funcionario público.
Los educadores señalaron que llevan más de 40 días sin el material de apoyo necesario para sus clases. A pesar de la falta de recursos, insistieron en que han estado preparándose durante más de un año en los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana. Con el lema “Libros sí, caprichos no”, los asistentes entregaron cajas con más de 100,000 firmas recolectadas entre el magisterio y los padres de familia, como respaldo a su petición ante la SCJN.
El clamor colectivo insta a las autoridades a resolver de inmediato la situación, para que los niños de ambos estados puedan recibir una educación de calidad, algo que consideran un derecho inalienable. Los manifestantes esperan que sus voces sean escuchadas y que la entrega de libros de texto se normalice cuanto antes.
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