México gana ‘round’ legal en EEUU contra fabricantes de armas, sentando bases para posibles litigios de naciones que argumenten afectación de seguridad por falta de control en venta de armas.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, ha anulado la decisión de un juez de primera instancia de desestimar una demanda interpuesta por el Gobierno de México contra los fabricantes de armas desde finales de 2021.
En entrevista con Sputnik, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, afirma que este resultado confirma que cualquier país puede demandar a fabricantes de armas estadounidenses ante una corte norteamericana si se brindan argumentos jurídicos que demuestren que la actividad de dichas compañías vulnera la seguridad y el bienestar nacionales.
Esta decisión podría alentar a otros países de la región a iniciar su propio procedimiento civil en cortes estadounidenses. La demanda del Gobierno mexicano exige una indemnización por daños de 10.000 millones de dólares y señala a empresas como Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing y Colt’s Manufacturing Company de prácticas comerciales que facilitan el tráfico de armas hacia México.
La Corte de Apelaciones, integrada por tres magistrados, resolvió por unanimidad que las empresas demandadas no tienen inmunidad y deben responder por sus acciones ante un tribunal. Celorio confía en que las presiones políticas no influyan en las decisiones de los jueces, ya que los argumentos presentados por la Administración de López Obrador son sólidos y deben ser analizados en términos jurídicos, no ideológicos ni políticos.
El funcionario asegura que su equipo está preparado para aclarar el sentido de la demanda y que el fallo de la Corte de Apelaciones es histórico para México, ya que ninguna entidad había logrado superar la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. Esta ley otorga inmunidad a las empresas fabricantes y distribuidoras de armas, lo que impide que sean demandadas por personas afectadas por tiroteos en territorio estadounidense.
En su demanda, México busca demostrar que existe una relación entre las empresas que fabrican y venden armas y aquellas que las trafican hacia México. También probará que las empresas sabían que sus armas terminaban en manos de organizaciones criminales mexicanas y no hicieron nada al respecto. Para ello, usarán información pública, reportes gubernamentales y videos en los que integrantes de grupos del crimen organizado muestran el poder de fuego que tienen.
La demanda civil exige una indemnización de entre el 5 y 6% del Producto Interno Bruto de México, lo que equivale a entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Según Celorio, este esfuerzo legal trasciende administraciones y los siguientes gobiernos en México seguirán adelante con el caso para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los mexicanos. Este caso, sin importar el color político de los gobiernos, busca proteger un bien común de la sociedad.
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