Se indaga la posibilidad de que se haya cometido un daño patrimonial a Diconsa y Linconsa, organismos que integran a esa entidad del Gobierno Federal.
Ciudad de México (ADN / Martín Orquiz) – El Órgano Interno de Control (OIC) de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), participa en la integración de 22 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la propia organismo y empresas involucradas, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta comisión de diversos delitos, dio a conocer la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las supuestas actuaciones denunciadas podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, así como a Diconsa y Liconsa, los dos organismos que la integran.
A través de un comunicado, se dio a conocer la situación luego que esta mañana el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en torno a un presunto fraude en Segalmex.
En un inicio, se explica, la FGR abrió 22 carpetas de investigación, de las cuales 15 están en curso y una ya fue judicializada, para indagar el uso ilícito de atribuciones y facultades, en la que una persona ex servidora pública fue vinculada a proceso.
En el ámbito administrativo, por los asuntos denunciados ante la FGR, el OIC abrió 17 expedientes de investigación, 10 se encuentran en etapa de investigación, 4 en proceso para determinar responsabilidades, 2 fueron concluidos por falta de elementos y 1 relacionado con faltas no graves tuvo resolución sancionatoria.
La revisión al ejercicio fiscal 2021 continúa, para lo cual se programaron 38 actos de fiscalización a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, inventarios, presupuesto de gasto corriente, y al desempeño de procesos sustantivos.
En cumplimiento a los principios de legalidad y presunción de inocencia, la SFP informará de los resultados que arrojen dichas investigaciones en el ámbito administrativo, una vez que se concluyan todas las etapas, de acuerdo con el debido proceso.
El comunicado añade que, en el ámbito penal, se seguirá coadyuvando con las autoridades correspondientes y que estas acciones forman parte del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
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