La propuesta busca garantizar pensiones, derechos de vivienda y apoyos al sector rural.
Ciudad de México, Chih. (ADN/Staff) – Las comisiones unidas del Senado presentaron este 28 de octubre un dictamen que propone reformas a los artículos 4º y 27 de la Constitución, con el objetivo de fortalecer las políticas de bienestar en México. La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, destacó que estas modificaciones representan un avance fundamental para proteger a sectores vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores del campo.
Chávez calificó la iniciativa como “un acto de justicia social y fraternidad”, subrayando que estas reformas consolidarán el compromiso del Estado con los grupos históricamente marginados. Entre los puntos más relevantes, el dictamen plantea garantizar una pensión no contributiva para personas con discapacidad y adultos mayores, así como el derecho de todas las personas a una vivienda digna.
La propuesta establece que las pensiones para personas con discapacidad estarán disponibles para aquellos menores de 65 años. Este esquema, que inició en 2019, ha beneficiado a más de 1.6 millones de personas hasta la fecha. Sin embargo, la legisladora lamentó que algunos estados no se hayan sumado al convenio de universalización del programa, lo que ha dejado sin cobertura a miles de familias en situación vulnerable.
Además, se contempla reducir la edad para que los adultos mayores accedan a la pensión del bienestar, pasando de 68 a 65 años. Chávez enfatizó que estas pensiones buscan eliminar la dependencia de intereses políticos o partidistas, garantizando su acceso como un derecho inalienable de todos los ciudadanos.
Otro aspecto clave de la reforma es el fortalecimiento del derecho a la vivienda. El dictamen subraya que el acceso a una vivienda adecuada implica garantizar servicios básicos, seguridad jurídica, accesibilidad para personas con discapacidad y proximidad a centros educativos y de salud. Además, se promueve que los desarrollos urbanos respeten las expresiones culturales de las comunidades.
Por otro lado, la modificación del artículo 27 constitucional busca mejorar las condiciones de vida de campesinos, pescadores y agricultores. El Estado garantizaría un jornal justo para los productores de pequeña escala, acceso a fertilizantes gratuitos y precios de garantía para productos como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo. Estas medidas, explicó Chávez, buscan robustecer la seguridad alimentaria y asegurar condiciones dignas para los trabajadores rurales.
Finalmente, la propuesta establece que el presupuesto destinado a estos programas no podrá ser reducido en términos reales en los próximos ejercicios fiscales, asegurando la continuidad y progresividad de los derechos sociales.
“Con este dictamen, damos un mensaje claro: la dignidad no es negociable”, afirmó Chávez al cerrar su intervención. “Cada persona merece un hogar adecuado, apoyo en los momentos difíciles y reconocimiento por su trabajo. Esta reforma representa el compromiso renovado de construir un México más justo, donde nadie se quede atrás.”
El Senado continuará con la discusión del dictamen en las próximas sesiones, con la expectativa de que estas reformas se conviertan en un pilar de las políticas sociales del país en los próximos años.
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