La propuesta de reforma judicial busca más recursos y autonomía para los poderes locales.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La propuesta de reforma judicial presentada por Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluye un conjunto de medidas que buscan transformar de manera integral el sistema de justicia en México. Estas medidas se orientan a mejorar tanto la administración de justicia a nivel federal como en las entidades federativas, promoviendo mayor transparencia, eficiencia y protección de derechos humanos.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el fortalecimiento de los poderes judiciales locales. Piña sugiere incrementar los recursos disponibles para estos órganos, así como implementar reformas específicas que permitan mejorar los juicios orales en todas las entidades. La intención es dotar a los tribunales locales de mayor independencia y capacidad operativa, asegurando así una justicia más accesible y equitativa para la ciudadanía en todas las regiones del país.
Además, la reforma contempla una revisión exhaustiva de los procesos judiciales, con un enfoque en la ética judicial. Se busca la estandarización de las carreras judiciales y una mayor transparencia en la designación y desempeño de jueces y magistrados. Esto incluiría la creación de protocolos claros para la evaluación y selección de personal, promoviendo una cultura de rendición de cuentas dentro del sistema.
Otro de los ejes clave de la reforma es la eliminación del arraigo y la prisión preventiva como figuras legales, promoviendo en su lugar el fortalecimiento del amparo como mecanismo de protección de derechos. Este cambio pretende adecuar la legislación nacional a estándares internacionales en materia de derechos humanos, garantizando el debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia.
La propuesta de Norma Piña también aborda aspectos relacionados con la seguridad pública, sugiriendo la desmilitarización de las funciones de seguridad y el control más estricto de armas. Esto apunta a una mayor profesionalización de las corporaciones civiles encargadas de la seguridad, así como a una reducción en la dependencia de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública.
Por otro lado, se destacan importantes cambios en la investigación criminal. La propuesta incluye mejoras en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, formación especializada para fiscales, y la creación de nuevas políticas y mecanismos que refuercen la justicia. Igualmente, se plantea una nueva Ley General de Servicios Forenses que asegure mayor independencia y profesionalización en el manejo de pruebas y evidencias, cruciales para el esclarecimiento de delitos.
Finalmente, se proponen mejoras en la atención a víctimas, con énfasis en el apoyo médico y psicológico, así como en la ejecución penal, proponiendo la adecuación de prisiones y la protección de grupos vulnerables dentro del sistema penitenciario. Estas acciones buscan no solo mejorar las condiciones de reclusión, sino también promover la reintegración social efectiva de los internos.
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