“Urge la adopción de medidas para reencausar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta, a fin de salvaguardar los avances alcanzados hasta el momento y evitar retrocesos”, señaló la CIDH.
Así mismo, pidió aclarar qué papel jugaron las fuerzas militares y policiales en connivencia con grupos criminales, en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Además, el organismo concluye que es “necesario determinar las responsabilidades de los agentes estatales que giraron y ejecutaron las instrucciones para la fabricación de diligencias a fin de obstruir la justicia” y que, para ello, se deben “redoblar sus esfuerzos” con vistas a dar explicaciones a los familiares de los desaparecidos.
La anterior administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, sostuvo que los jóvenes fueron asesinados y sus restos destruidos después de que fueran secuestrados por policías corruptos que trabajaban con una banda local de narcotraficantes, quienes creían que los estudiantes habían sido infiltrados por un grupo rival.
Un grupo de expertos creado más tarde por la CIDH para revisar las pruebas, puso reparos a esa versión de los hechos y denunció que el Ejército, que tiene una base en Iguala, estaba ocultando pruebas.
En la actual administración
El ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en agosto nuevas conclusiones, calificando el incidente de “crimen de Estado” y señalando la participación de los militares.
Más tarde, las autoridades retiraron más de 20 órdenes de detención que se habían emitido contra funcionarios, principalmente castrenses.
La CIDH advirtió que, a pesar de su deseo de resolver el caso, la actual administración no había eliminado “estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”.
“Hablamos de las Fuerzas Armadas mexicanas”, apuntó durante la presentación del informe la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, exponiendo su preocupación por lo que llamó la “militarización” del país bajo la gestión de López Obrador. El presidente izquierdista ha otorgado al Ejército un mandato que se extiende a áreas normalmente reservadas a civiles.
En septiembre, el presidente mexicano salió en defensa del Ejército, tras la difusión de nueva información sobre el papel de los militares en la desaparición y ocultamiento de los cuerpos.
El mandatario dice que las indagaciones están en curso. Hasta ahora, los investigadores sólo han identificado definitivamente los restos de dos de los estudiantes.
[Con información de Reuters]
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