“Son personas extranjeras que el Presidente ha determinado que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; en corrupción significativa; y en la obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, señala el reporte del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes.
Para El Salvador son seis los señalados. Entre estos, tres funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta; el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria; y el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Minutos más tarde, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, argumentó en conferencia telefónica con reporteros sobre la inclusión “actores corruptos” de Nicaragua en la lista.
“El tema de Nicaragua es que hoy hay muy poco, casi nada del Estado de Derecho en el país y muchas de las acciones que hemos tomado bajo esta ley hoy tienen que ver con la persecución política que han hecho un contra de personas que estaban buscando ejercer sus derechos mínimos en Nicaragua”, explicló Ventrell.
Asimismo, el alcalde del departamento de San Miguel por el movimiento político Nuevas Ideas-GANA, Wilfredo Salgado, a quien Estados Unidos señala de participar en narcotráfico y lavado de dinero.
También se incluyen al exfuncionario René Figueroa y a su esposa Cecilia de Figueroa, acusados de desviar 3 millones de dólares de fondos públicos durante el gobierno de Antonio Saca, actualmente preso por el desfalco de 300 millones de dólares.
De Guatemala la lista incluye a José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la oficina más mediática del Ministerio Público. Curruchiche fue nombrado en sustitución de Juan Francisco Sandoval, removido en 2021.
También destacan dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Nery Oswaldo Medina y Vitalina Orellana por “socavar instituciones democráticas”. Asimismo, el exrector de la universidad de San Carlos, Carlos Gálvez y varios empresarios.
En Honduras, el listado llega a 15: tres son funcionarios y otros exfuncionarios del gobierno de José Porfirio Lobo. De la lista destacan Rasel Antonio Tome Flores, vicepresidente del Congreso y a quien Estados Unidos señala de incurrir “en una importante corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 en fondos públicos”.
También aparecen Edgardo Antonio Casaña, diputado del Congreso hondureño. Asimismo, Enrique Alberto Flores, exfuncionario del gobierno hondureño quien estuvo exiliado en Nicaragua y volvió a su país de origen luego de entrada en vigencia la Ley de Amnistía en Honduras.
De los señalados en Nicaragua, la mayoría son jueces y fiscales que de acuerdo a Estados Unidos “socavaron procesos o instituciones democráticas” en función del gobierno de Daniel Ortega.
Cooperar en intereses mutuos, como la migración
A una consulta de la Voz de América Ventrell abundó sobre la estrategia migratoria de EEUU a pesar de que en Guatemala, el mismo presidente Alejandro Giammattei tiene una relación particular de enfrentamiento, incluso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En Guatemala (…) el tema de cooperar en inmigración, en cuanto a Estados Unidos, sigue siendo importante, a pesar de que sé que no hemos visto las acciones que queremos en términos de mejorar la gobernanza en las instituciones de esos países. El único que no puede decir eso posiblemente es Nicaragua. Ya en Nicaragua hay una dictadura total y la posibilidad -las posibilidades- de cooperación son prácticamente mínimas”, señaló.
“Con todos los países de Centroamérica sí seguimos buscando trabajar en los intereses mutuos, pero cuando hay preocupaciones de algo tan fundamental como las instituciones y estamos invirtiendo tanto en esos países, hacemos un fuerte llamado para que paren a los actores corruptos”, zanjó.
¿Qué es la lista Engel?
La ‘Lista Engel’ surgió en 2019 por iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York, Eliot Engel.
Engel propuso una legislación para “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras”, reza el sumario de la ley.
Desde la aprobación de la legislación por el pleno del Congreso el 22 de diciembre de 2020, recae en el secretario de Estado y el engranaje del Departamento de Estado pormenorizar las investigaciones para cumplir con el mandato de incluir a aquellas figuras en los tres países vinculadas con actos de corrupción o ataques a la democracia.
En 2021, el Congreso recibió dos listados de personajes “corruptos y antidemocráticos”.
Los casos más sonados han sido los de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, quienes asumieron el 1 de mayo la titularidad en la máxima instancia judicial fuera del proceso que manda la Constitución salvadoreña, luego de que la bancada legislativa del partido del presidente salvadoreño Nayib Bukele depusiera a los titulares tres años antes de que terminaran su mandato.
También ha sido señalada la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público guatemalteco, Ángel Pineda.
Porras, pese a aparecer en el listado Engel de 2021, en mayo de este año fue elegida por el gobierno de Guatemala como la fiscal general para los próximos cuatro años.
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