La ley que entraría en vigor es anterior a la creación del estado de Arizona, y no establece excepciones por violación o incesto, al tiempo que permite abortos sólo si la vida de la madre está en peligro.

“La manera en que los llevan a cabo es una manera muy cruel y despiadada, la gente no quiere hablar de eso, quieren hablar de eufemismos como derechos reproductivos y salud y libertad, pero en realidad un aborto significa desmembrar y cortar en pedazos a un bebé de una manera muy cruel”, argumenta Rosy Villegas, directora de la organización Voces Unidas por la Vida.

Con la decisión, el más alto tribunal de Arizona pone en manos de la vieja legislación de 1864 la posibilidad de que los médicos puedan ser procesados, aunque la opinión escrita por la mayoría del tribunal no lo contempla, o al menos no de manera explícita.

En la más alta instancia gubernamental a nivel del Estado hay completo compromiso con devolver los derechos a las mujeres.

“No dejaré de luchar hasta que hayamos asegurado plenamente el derecho a la salud reproductiva en nuestro estado”, prometió la gobernadora demócrata Katie Hobbs.

Las alarmas no se han disparado por gusto, la ley es clara en cuanto al encausamiento de los involucrados en el procedimiento.

Así, la ley ordena el procesamiento de “una persona que proporcione, suministre o administre a una mujer embarazada, o procure que dicha mujer tome cualquier medicamento, droga o sustancia, o use o emplee cualquier instrumento u otro medio, con la intención de provocar el aborto espontáneo” de tal mujer, a menos que sea necesario para salvarle la vida”.

El dictamen que triunfó el martes echó a un lado una decisión anterior de un tribunal inferior que concluyó que no se podía acusar a los médicos por practicar abortos en las primeras 15 semanas de embarazo.

Un tribunal de Tucson había bloqueado su aplicación poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo de Roe vs Wade de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto.

Sin embargo la vocera de la organización Planned Parenthood, Alejandra Soto, ha cargado contra la implementación legal por considerarla, además, anticuada. “Lo que procede más o menos por los siguientes 45 días es que se puede seguir operando bajo la provisión de las 15 semanas, pero entrará ese entonces en vigor la ley arcaica de 1864”.

El activismo ciudadano se ha movido rápidamente y la próxima parada pudiera ser en las urnas, a donde los demandantes intentarán llevar el caso por medio de las boletas para así someterlo al escrutinio público.

“El tribunal no debería tomar estas decisiones, las pacientes embarazadas y su proveedor médico deberían tomar decisiones personales sobre la atención de salud reproductiva”, concluye Chris Love, de Arizona por Acceso al Aborto.

[Con información de Rubén Pereida, periodista de VOA en Phoenix, Arizona. Contiene además información de Arizona Game and Fish]