“Estas demandas atentan contra la libertad de expresión e implica la judicialización de la labor informativa y de interés público y Latinoamérica es un terreno fértil donde se practica literalmente y se asfixia cada vez más el ejercicio periodístico”, dijo Paulina Gutiérrez, de la organización Article 19.
Una decena de organizaciones que abogan por el libre ejercicio del periodismo acudieron a una audiencia sobre la “Judicialización de asuntos de interés público contra personas que ejercen la libertad de expresión en la región” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Son casos judiciales que para Gutiérrez se dan entre un entramado que pasa inadvertido para la ciudadanía por “parecer procesos legales legítimos”, pero que de fondo tienen como objetivo el “silenciamiento” y la “limitación al debate de temas de interés público”.
“El problema se extiende en la región ante la falta de una mirada central al abuso del proceso judicial (…) estas demandas se dan en una forma de acoso legal o judicial”, diferentes, pero tan nocivos como la creación de leyes para perseguir o “encausar periodistas y voces disidentes” en Estados autoritarios, opinó.
El periodista guatemalteco Juan Luis Font, director de la radio Con Criterio, que funciona desde el exilio, explicó que en su país enfrenta una serie de investigaciones abiertas por el Ministerio Público que no avanzan, con peticiones ante un juez para privarle de libertad.
“El ministerio público me ha abierto investigaciones, casi siempre usa el tema de lavado de dinero” como lo hizo contra el periodista José Rubén Zamora encarcelado desde julio de 2022 y condenado en días recientes a seis años de prisión.
Font dice que en Guatemala además persiste una estrategia de limitar la defensa de periodistas -como ocurrió con el presidente de elPeriódico-, al obligar a los abogados defensores a renunciar so pena de abrirles investigaciones.
“Las presiones contra la prensa han empañado el proceso electoral en Guatemala, y los más vulnerables son los periodistas que viven en regiones alejadas, donde hay operaciones mineras, donde hay presiones para disuadirles de informar”, denuncio Font.
Las experiencias de los periodistas parecen calcadas de una a otra región del continente, en Colombia la periodista Catalina Ruiz Navarro, explicó cómo con su medio de comunicación Vocán han tenido que hacer frente a demandas millonarias por un caso investigado con rigor periodístico, con un banco de pruebas y testimonios suficientes y hasta con la versión de un señalado de acoso sexual en varios casos, el que con sus influencias ha abierto un proceso judicial por el que reclama una millonaria indemnización por “daños a su imagen”.
Peor aún parece la historia del periodista brasileño Joao Paulo Cuenca que luego de difundir en sus redes sociales una versión satírica de un texto histórico se convirtió en un principio en blanco de ataques del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro “por atentar contra la moral”.
La que –a falta inicial de méritos por parte de la Fiscalía para abrirle proceso judicial a petición de la presidencia- después más de un centenar de organizaciones religiosas activaron la querella que ahora lo mantiene en tribunales.
Cuenca perdió el empleo “por la presión ejercida con las influencias del gobierno” ante la agencia internacional de noticias para la que laboraba y ahora hace frente a la millonaria demanda interpuesta por 200 pastores evangélicos que reclaman cerca de medio millón de dólares, “por atentar contra la fe religiosa”.
Casos como este de demandas múltiples son comunes en la región coincidieron los periodistas y representantes de organizaciones que acudieron a la audiencia, estas pueden ir desde asuntos de moral y fe, daños a la imagen y hasta incitación al odio.
“En Latinoamérica nos referimos a periodistas enfrentando más de 100 demandas en diferentes ciudades de un país por alguna publicación”, abonó Paulina Gutiérrez de Article 19, estas pueden sostener presuntos hechos de acoso sexual contra los periodistas por parte de figuras públicas, otras abren procesos penales “incitación al odio, reclamos por indemnizaciones millonarias que son difíciles de pagar lo que pone en peligro el trabajo de libertad de expresión”, agregó la experta.
Paula Moreno Román, del Foro de Periodismo de Argentina dice que en ese país sudamericano se ha revisado la procedencia de esas demandas, y la gran mayoría son interpuestas por integrantes de la función pública, lo que indica un “abuso y acoso judicial”, que ha aumentado en los últimos tres años que se cuentan 44 demandas.
Para esta experta “el acoso judicial es una forma abusiva del sistema de justicia” y evidencia en muchos casos la falta de independencia del estamento al existir vasos comunicantes en esas esperas de poder que impactan contra la libertad de expresión y de prensa.
Desde la Veinte, Justicia – Libertad de Expresión, Ana Bejarano, coincide con Moreno Román que “en la mayoría de casos el sector que más acosa a los periodistas es aquel que tiene poder”, con la particularidad de operar en situaciones cuando hay asuntos de interés público en juego.
Desde la CIDH el comisionado Stuardo Ralón dijo que discutir este tema de impacto regional en este 187 Período de Sesiones del organismo con sede en Washington, tiene mucha importancia y plantea “un enorme desafío en el Sistema Interamericano” para afrontar esta situación.
Ya que se tendrá que actuar con mucho pulso “al abordar esta problemática” porque va de la mano con la “independencia judicial” con lo que se tiene que revisar los procedimientos de “debido proceso” con lo que tiene que crearse mecanismos para “identificar una acción legal para silenciar [periodistas] de una legítima”.
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